El Ayuntamiento de Canovelles (Vallès Oriental) asegura que se siente abandonado por parte del departamento de Interior a la hora de hacer frente a la venta ambulante ilegal, que aprovecha el mercado semanal para comercializar con productos falsificados o de origen desconocido. El consistorio estima que cada domingo entre 350 y 400 manteros se instalan en la localidad, mientras que los paradistas con licencia son unos 350. El alcalde, Emilio Cordero, asegura a la ACN que han pedido de manera reiterada y sin éxito un refuerzo de los Mossos, dado que con los 18 agentes de la Policía Local no pueden frenar la presencia de los vendedores ilegales, así como el volumen de gente que llega atraída por esta oferta fraudulenta.
Desde la pandemia la localidad ha experimentado un incremento de vendedores ambulantes que no disponen de licencia, y que se colocan en plena vía pública, ocupando las aceras e incluso calles destinadas a poder hacer pasar vehículos de emergencias en caso de necesidad. La mayoría de las piezas que se pueden ver extendidas sobre el suelo son imitaciones de productos de marca, y esto ha generado un efecto llamada que atrae visitantes de fuera del municipio, y en algunos casos incluso de la comarca.
"Han llegado a dejar aparcados los coches en campos sembrados", denuncia Cordero, que asegura que están haciendo lo posible para frenar la proliferación de estos negocios ilegales. "Nos gastamos cada fin de semana 3.000 o 3.500 euros en poner vallas y contratar vigilancia privada para apartar a los vendedores", añade, dado que con los 18 estos de la Policía Local que pueden llegar a estar operativos en fin de semana no tienen ni para empezar a actuar.
El Ayuntamiento ha trasladado al departamento de Interior la petición de incrementar las dotaciones de los Mossos los domingos en la zona, pero de momento no ha habido respuesta. "Nos hemos reunido tres veces con el conseller Joan Ignasi Elena, y el último fue decepcionante, estamos solos" lamenta.
"Cada domingo tenemos una 'rave' en Canovelles, hay un efecto llamada que atrae a la gente", añade Cordero, comparando la capacidad de atracción de la venta de productos falsificados con la multitud de gente que se puede concentrar en una fiesta ilegal. "Hemos renunciado a la seguridad ciudadana por parte de interior", añade, considerando que se trata de un problema que va mucho más allá de las competencias municipales y que se sienten “abandonados”.
Hasta ahora, lo que sí que han podido hacer es encarrilar una ordenanza que aún no está vigente, pero que prevé sanciones de hasta 500 euros para la gente que se pille comprando en este tipo de negocios: "A la gente le queremos decir que quizás vienen un día y se encuentran con una multa", advierte.
Agravio con el resto de comerciantes
Cordero, considera esta actividad comercial un "fraude", porque estos vendedores no pagan la cuota correspondiente a la ocupación de la vía pública, que sirve, entre otros, para hacer la limpieza de las calles una vez pasado el mercado. Además, hacen competencia desleal con el resto de paradas.
"Venden el mismo producto que nosotros, pero le cambian el sello y lo colocan más barato", denuncia Toni Puigvert, presidente de la Asociación de Mercados de Cataluña (Asomercat) y miembro de la Confederación Catalana de Asociaciones de Mercados. En este sentido, calcula que la presencia de vendedores ilegales supone una caída media de ventas de un 60%: "De entrada ya salen con 150 euros solo llegar al mercado porque no pagan nada a finales de mes, y cogen los mejores sitios", lamenta Puigvert.
El perfil del comprador suele ser de familias que vienen con sus hijos, en muchas ocasiones adolescentes y que han sabido vía redes o por el boca a boca de la existencia de este mercado. "Solo vienen a comprar al 'top manta', no consumen ni en el pueblo ni en el mercado", denuncia María Dolores Adama, paradista del mercado.
En este sentido, asegura que muchos de los clientes habituales ya no quieren ir porque se sienten inseguros. "La gente que vive en los bloques que quedan más arriba no pueden ni salir de casa", añade, en referencia al volumen de productos que se exponen en las aceras.
Puigvert se suma a las quejas del alcalde, y considera que Interior no está haciendo lo suficiente para ayudarles a combatir una red que vende productos ilegales. "Nos han decepcionado muchísimo, no son efectivos, parece que ayuden más al 'top manta' que a nosotros, que somos quienes ofrecemos los servicios", lamenta.
En esta línea, advierte que hace falta una solución rápida, con el riesgo de que haya males mayores: "Se tiene que arreglar, si no habrá una guerra campal porque los marchantes están al límite".
