Las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para instalaciones solares fotovoltaicas se han consolidado como una de las políticas locales más efectivas para fomentar la transición energética. Así lo concluye el estudio “Evaluación de impacto de las bonificaciones del IBI para promover instalaciones fotovoltaicas solares”, presentado hoy durante la Asamblea de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, celebrada en El Prat de Llobregat.
El trabajo, elaborado por diversos servicios técnicos de la Diputación de Barcelona y el Organismo de Gestión Tributaria (ORGT), analiza el impacto de estas medidas fiscales en los municipios de la demarcación. Según las conclusiones, los municipios que han incorporado bonificaciones al IBI han registrado un incremento del 30% en la instalación de placas solares de autoconsumo.
Desde la puesta en marcha de estas políticas, un total de 252 municipios con la gestión del IBI delegada al ORGT han aplicado en algún momento estos incentivos fiscales.
Más de 40 millones de euros en bonificaciones
El estudio calcula que, durante este período, los ayuntamientos han destinado más de 40 millones de euros en bonificaciones fiscales vinculadas a instalaciones fotovoltaicas. La tendencia ha sido claramente ascendente, especialmente en los últimos tres años. Además, en 2025 se bonificaron cerca de 16 millones de euros. Según los datos analizados, estas bonificaciones han tenido un efecto multiplicador sobre la inversión privada. De media, cada euro bonificado el primer año ha movilizado aproximadamente 10 euros de inversión privada en instalaciones solares. Sin embargo, teniendo en cuenta que el período habitual de bonificación es de cinco años, el valor acumulado de la bonificación por instalación puede llegar a una media de unos 5 euros por cada 10 euros invertidos por la ciudadanía.
Impacto en la potencia instalada
En cuanto a la capacidad energética, el estudio estima que el impacto de estas políticas ha contribuido a generar más de 158 MWp de potencia fotovoltaica instalada. En Cataluña, el autoconsumo doméstico tiene un peso especialmente relevante. Según datos del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), el 84,3% de las instalaciones de autoconsumo son residenciales y representan el 35,1% de la potencia total instalada, unos 485 MW. Este protagonismo del sector doméstico es un elemento diferencial respecto a otros territorios del Estado y se explica, en gran parte, por el impulso de las políticas municipales orientadas a fomentar la energía solar.
Predominio de la vivienda unifamiliar
El análisis de los expedientes bonificados en los últimos tres años muestra que la mayoría de las instalaciones se concentran en viviendas unifamiliares, que representan el 80% de los casos. Las viviendas plurifamiliares, en cambio, suponen aproximadamente el 20% del total. A pesar de esta diferencia, el estudio detecta una ligera tendencia al aumento de las instalaciones en edificios plurifamiliares durante los últimos años. También apunta que la presencia de segundas residencias en algunos municipios puede estar asociada a una mayor adopción de este tipo de bonificaciones.
Propuestas para ampliar el alcance de las políticas energéticas
Durante la Asamblea de la Red también se presentaron diversas propuestas para reforzar la transición energética desde el ámbito municipal. Entre las principales recomendaciones se encuentran la homogeneización y optimización de las bonificaciones fiscales entre ayuntamientos, así como la revisión de las ordenanzas fiscales del IBI para facilitar su aplicación. Los expertos también proponen incentivar con más fuerza la instalación de placas solares en viviendas plurifamiliares y limitar las bonificaciones a las viviendas que constituyan residencia habitual. Otras medidas planteadas incluyen la creación de fondos climáticos municipales, la concesión de subvenciones complementarias, la promoción de autoconsumos compartidos municipales abiertos a la ciudadanía y el impulso de comunidades energéticas locales. Estas iniciativas buscan integrar las bonificaciones fiscales dentro de una estrategia más amplia de transición energética local que garantice un acceso universal a la electricidad verde, renovable y de proximidad.
Un referente del municipalismo ambiental
La Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad es una asociación formada por más de 330 entes locales y se ha consolidado como el principal espacio de referencia del municipalismo catalán en materia de sostenibilidad, medio ambiente y acción climática. Fundada en el año 1997, la red agrupa municipios de todo el territorio y cuenta con la participación de las cuatro diputaciones catalanas, así como con diversos observadores institucionales, entre los cuales la Generalitat de Catalunya. Actualmente, la secretaría técnica recae en la Diputación de Barcelona y la presidencia la ejerce el diputado de Acción Climática, Marc Serra. La entidad promueve el trabajo conjunto entre cargos electos y personal técnico municipal para compartir experiencias y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.
Las actuaciones impulsadas por la red se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente con el ODS 11, centrado en ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, dedicado a la acción climática.