Resistim al Gòtic ha denunciado que una mujer de 78 años afronta este miércoles el desahucio del piso donde vive por no haber pagado 177 euros de unas obras mal hechas. Según la entidad, la afectada paga un alquiler de renta antigua y la propietaria actual es una abogada gran tenedora que acudió a los juzgados hasta que un juez le dio la razón y dictó orden de desahucio.
En 2017 las partes acordaron unas obras de mejora en el piso asumidas por la propiedad con la contraprestación de aumentar en 88,8 euros mensuales el alquiler. Inicialmente, sin embargo, la mujer no pagó los 88 euros adicionales los primeros dos meses —177,6 euros en total— alegando que las obras no se correspondían con lo pactado y el juez lo ve motivo suficiente para desalojarla.
La afectada es Blanca Espinosa y vive en un piso de la calle Boters de Barcelona, en el Gótico, desde 1968. Hasta las obras, el alquiler de renta antigua que pagaba era de 191,8 euros mensuales, pero una vez hechas las obras la cuota subió hasta los 280 euros.
“Nosotros lo que pedimos es que Blanca se pueda quedar en su casa”, explica a la ACN Martí Cusó, de Resistim al Gòtic. “Es un claro caso de connivencia entre una propiedad y los juzgados para echar a una vecina del barrio”, añade Cusó, que denuncia que el desahucio no se tendría que haber iniciado nunca por este motivo. Además, matiza que las dos mensualidades adicionales que no pagó en aquel momento (cada una de 88,8 euros) sí que fueron pagadas más adelante.
Desde Resistim al Gòtic, consideran que la propiedad -que compró el piso en 2012- aprovechó la cuestión de las obras para intentar expulsar a la inquilina. “La realidad es que, como ya ha hecho en otros pisos de la finca, quiere el piso para dividirlo y ponerlo en alquiler de temporada”, señalan.
Un caso que viene de lejos
Los hechos se remontan a 2017, cuando después del acuerdo entre las partes para las obras y el aumento de la cuota de alquiler, la inquilina consideró que no se habían efectuado como se había pactado y decidió no pagar la diferencia de 88,8 euros mensuales en las cuotas de los meses de abril y mayo. Por lo tanto, continuó pagando el mismo alquiler, de 191,8 euros. A pesar de esta consideración y no estar de acuerdo, a partir de junio del mismo año ya pagó los 280 euros mensuales.
En este contexto, el caso se judicializó y un juzgado de primera instancia de Barcelona le dio la razón a Blanca en octubre de 2017. La propiedad, sin embargo, presentó un recurso a la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo estimó y revocó esta sentencia dando la razón esta vez a la propiedad. En la sentencia, de julio de 2019, el juez dicta que se resuelva el contrato de arrendamiento y dicta el desalojo de Blanca, ya que estima que con un solo impago ya la puede echar.
Segundo intento de desahucio a puerta
Este miércoles es el segundo intento a puerta de echar a la vecina. Desde Resistim el Gòtic aseguran que Blanca “ni quiere marcharse ni tiene dónde ir”. “El miércoles pondremos el cuerpo para defenderla y detener su desahucio, y hacemos un llamamiento a la solidaridad”, apuntan. El primer desahucio a puerta se detuvo en octubre de 2020, justo después de la pandemia. Posteriormente, en los juzgados se han detenido tres intentos más a través de moratorias y recursos.
