A partir del próximo año 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé implantar la política de "pago por uso" unida al principio de "quien contamina paga". La idea es aplicar la medida de forma gradual comenzando por autopistas y autovías y extendiéndola después al resto de la red nacional de carreteras.
Al menos este es el compromiso que ha asumido según el detalle del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se conoció ayer, aunque su aprobación está condicionada a que haya consenso con el sector del transporte.
La implantación de la política de pago por uso está desarrollada dentro del componente dedicado al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
El documento recoge una idea que el actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido desde que llegó en 2018, y es que no hay dinero en los presupuestos generales del Estado para asumir el coste de la conservación de las carreteras.
