El gobierno español tiene prevista la implantación de un sistema de pago por uso en las autovías, que se podría empezar a aplicar a partir de 2024, según plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a Bruselas.
El documento asegura que antes buscará el acuerdo social y político para avanzar hacia el modelo de "usuario pagador" y bajo el principio "quien contamina paga". El gobierno español resalta que el Estado tiene una red estatal de 26.466 kilómetros, de los cuales unos 12.000 pertenecen a carreteras de alta capacidad, con unos gastos de conservación "crecientes" y que "no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", apunta el documento.
El ejecutivo calcula que, siguiendo la experiencia internacional, los peajes podrían tardar dos o tres años, como mínimo, en ser implantados. Es el tiempo que se necesita en "desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura", precisa.
Asimismo, el plan admite que esto "está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como el consecuente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial". El gobierno español considera que el sistema del pago por uso "permitiría garantizar la conservación de la red viaria además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en el modelo de transporte" para reducir la emisión de gases.
Además, justifica que estas reformas fiscales buscan incentivar "comportamientos más sostenibles y eficientes", es decir, "internalizar los costes externos ligados al impacto ambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio", congestión o mantenimiento de las infraestructuras).
Estas y otras medidas, que se podrían hacer extensibles a todas las carreteras de la red estatal, quedarían recogidas en la futura Ley de movilidad y financiación del Transporte, que tiene como objetivo principal recoger las políticas públicas en estos ámbitos y que "respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos" y a los retos de la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial, según recoge el documento.
Entre otros, debe recoger los criterios para la financiación del transporte público y el fomento de la digitalización y la innovación. El ejecutivo también traslada a las autoridades europeas que son iniciativas que van en línea con la de otros países europeos como Francia y con la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea. La previsión es que en el primer semestre de este año se haga una primera lectura en el Consejo de Ministros y que la aprobación definitiva sea en la segunda mitad de 2023.
El gobierno también señala que la ley dará respuesta a las recomendaciones hechas por la Airef sobre infraestructuras. En este sentido, detalla que se priorizarán los proyectos planificados, una mejora de la coordinación con otras administraciones y una mayor interacción con la sociedad civil, entre otros.
Rechazo de los transportistas profesionales y la población general: apuesta por una campaña de concienciación
Por otro lado, este apartado del Plan de Recuperación identifica como uno de los principales impedimentos para sacar adelante este proyecto es el "riesgo de rechazo" por parte de los transportistas profesionales a estas medidas y por eso apuesta por seguir el ejemplo francés e intentar llegar a acuerdos. Tampoco espera que el peaje sea bien recibido por la población en general y considera que "con campañas de concienciación se atenuará este efecto". Además, sugiere que el pago o por uso pueda ser "escalable y progresivo" o que haya "reducciones y bonificaciones a colectivos menos favorecidos o usuarios habituales".
La propuesta recogida en el Plan de Recuperación llega pocos meses antes de la finalización de las concesiones de la AP-7 entre Tarragona y la frontera y la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y coincide con el debate creciente de cómo debe ser el modelo de financiación de las vías de altas prestaciones. El gobierno español ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que no prorrogaría las concesiones y que las vías revertirían al Estado, aunque hasta hace poco no había hecho constar por escrito cómo pensaba hacerlo.
Hace unas semanas, La Moncloa ya planteó la modalidad del pago por uso en este plan, que aún no había remitido a la Unión Europea y es ahora que ha concretado más aspectos, como por ejemplo, su previsible puesta en marcha a partir de 2024.