Hay 82.000 personas designadas para ocupar las mesas electorales de los próximos comicios del 14 de febrero.
Cada una de estas personas ha sido seleccionada mediante un sorteo y tienen la responsabilidad de acudir a la mesa electoral y permanecer en ella durante toda la jornada electoral, hasta que se hayan emitido los votos. Esto implica quedarse en el colegio durante unas 12 horas.
Gran parte de estas personas no les hace ninguna gracia ir a una mesa electoral y tener que permanecer en ella durante toda la jornada. La situación epidiemológica y la decisión del TSJC de mantener las elecciones para el 14 de febrero, complica la situación, ya que un total de 20.579 de las 82.000 personas seleccionadas para conducir la mesa electoral han presentado un recurso. Esto implica un 25% de las personas seleccionadas.
En todo caso, las personas que no se presenten a la citación de la Junta Electoral deberán pagar un castigo por ello. Según la ley orgánica del Régimen Electoral General, es un delito que se castiga con una pena de 3 meses a 1 año de prisión o una multa de 6 a 24 meses dependiendo de la capacidad económica del condenado.
Además, dependiendo de la gravedad puede llegar a suponer una inhabilitación de sufragio de hasta 20 años, por lo que las causas se juzgan en las audiencias provinciales.
Un 70% de los delitos electorales quedan archivados y un 99% de estos delitos es por abstenerse, sin ningún motivo.
