Desde el verano, toda aquella persona que quiera entrar al Park Güell, por cualquiera de sus puertas de acceso (12 de las 17 hectáreas totales de superficie) debe enseñar su tarjeta de identificación como residente en la ciudad de Barcelona o bien debe pagar 10 euros.
Es el último paso del Ayuntamiento en la privatización de este parque urbano que fue cedido en 1922 por la familia de Eusebi Güell al consistorio, que lo compró con dinero público por un valor de 3 millones 200.000 pesetas.
Después de reuniones con grupos políticos, de participaciones en plenos, de denuncias al Síndic de Greuges, a la Unesco, a diversos medios locales y extranjeros, y de una recogida de más de 55.000 firmas, la Plataforma Defensem el Park Güell, nacida en julio de 2012 para luchar contra las primeras medidas restrictivas previstas, anuncia nuevas movilizaciones y pide comprensión tanto para los vecinos que, hartos de impunidad, se saltan los controles, como también para los trabajadores que, claro, deben aguantar constantemente un goteo de quejas que no son responsabilidad directa suya.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, prometía el 11 de junio de 2015 que el Park Güell volvería a ser de acceso libre y gratuito, y que para conseguirlo fomentaría la transparencia en la gestión, vías de ingresos alternativas y la recuperación del espacio para los ciudadanos. Gala Pin, concejala de Patrimonio, aseguraba en la misma comparecencia que "vetar la entrada gratuita de los ciudadanos al parque es negar el patrimonio y su libre acceso a la historia de la ciudad". 5 años más tarde, el recinto es controlado de 6 de la mañana a 11 de la noche, en cada una de sus puertas de acceso, por al menos un vigilante.
La seguridad la gestiona el grupo empresarial privado Barna Porters, en detrimento de la Guardia Urbana, y el mantenimiento no corre a cargo de Parcs i Jardins sino de Fomento de Construcciones y Contratas.
El pasado 18 de julio, diversas entidades vecinales, agrupadas en la Plataforma Barcelona No Està en Venda, tuvieron que desconvocar una manifestación prevista en el gran aparcamiento de la Carretera del Carmel por la situación general de restricciones emanadas de la crisis del COVID-19. Rodrigo Arroyo, portavoz de la Plataforma Defensem el Park Güell asegura que "esta manifestación se hará, más tarde o más temprano, como todas las movilizaciones que sean necesarias" y añade que "es una situación sin precedentes en Europa.
El Ayuntamiento debe gestionar el parque, pero en ningún momento puede decir que el parque es suyo, porque el parque es de todos". Los vecinos denuncian también otras medidas como son la prohibición de que los niños jueguen a la pelota o que los vecinos crucen el espacio o paseen en bicicleta.
El inicio de la cuota de pago para la visita de la Zona Monumental la inició el anterior gobierno municipal de Xavier Trias el 25 de octubre de 2013. El 7 de octubre de 2017, Adda Colau anunció la inversión de 25 millones de euros para diversas reformas que deberían alargarse hasta 2022.
El objetivo de estas obras era textualmente "rebajar el número de turistas y aumentar el de vecinos que utilizan el Parque como zona verde de ocio". No parece que prohibir la entrada por no llevar la tarjeta correspondiente o promocionar masivamente la compra de entradas a 10 euros favorezca ni una cosa ni la otra.
Las trifulcas seguirán porque los barceloneses, en especial los residentes en los barrios de la Salut, el Carmel o el Coll, se sienten ofendidos, día sí y día también, por el recorte de derechos que les ha impuesto un negocio privado del que participa su Ayuntamiento.
