Los locutorios aún venden citas previas para acceder al SEPE

Hace hoy justo un mes y 7 días (era el once de noviembre) que la venta de citas previas para poder ser atendido en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue denunciada a la Fiscalía por la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo en Barcelona. Muchos establecimientos, entre los que se encuentran locutorios, copisterías o tiendas de telefonía móvil, ubicados la mayoría de ellos en Ciutat Vella, crearon un negocio paralelo, que anunciaban en muchos casos incluso en el mismo escaparate. Sin ninguna dificultad, pedías por la gestión, dejabas tus datos (nombre completo, DNI y un teléfono de contacto), y pagabas lo que el propietario te pidiera (en la mayoría de los casos, entre 5 y 15 euros). En no más de una semana, te enviaban un mensaje indicando día, hora y oficina, donde podrías acceder directamente, mediante el número del Documento Nacional de Identidad, y satisfacer presencialmente tu solicitud, tu trámite o tu demanda de información, que habría sido, de otra manera, imposible. Hemos vuelto, pasados más de 30 días, a cinco de estos locales. Cuatro de ellos, a pesar de insistir, ya no querían vender, ni buscar, ni siquiera mencionar o afirmar que realizan, o han hecho en el pasado, esta actividad. Parece parte de un temor o una consigna general, porque no se habla abiertamente, sino que más bien se esquiva el tema, y en cualquier caso la frase utilizada es "no puedo", acompañada de pesar y de un silencio que deja en evidencia lo que hay. Los Servicios comarcales y también los de distrito de los Mossos d'Esquadra aseguran que no hay ninguna investigación abierta al respecto. No pueden proceder hasta que la Fiscalía dicte una orden, o hasta que un ciudadano particular denuncie un caso concreto. Ayudar a un tercero a conseguir una cita previa no supone ningún delito. Lucrarse con la reventa posiblemente sí, no queda del todo claro. En el barrio del Raval, comprobamos en el último punto de muestreo, que la rueda no se detiene. Preguntamos disimuladamente cómo lo hacen, porque persistiendo, con más de 30 intentos, a todas horas, a través de la web habilitada por el SEPE, o mediante el teléfono específico que remiten todos los centros provinciales y de distrito (91 272 27 40), no lo conseguimos. "Paciencia y trabajo", dicen. "Insistir", pero ¿hasta cuándo?... El comité de empresa de los trabajadores públicos alega falta de personal y se queja de precariedad de condiciones en los últimos 10 años, agravada desde el mes de marzo por un aumento de la demanda del 600% de este servicio, causada sobre todo por la avalancha de peticiones de paro y de ERTES. En el teléfono de atención, el único habilitado para los casos especiales de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (91 363 23 30) nos dicen que la vía es insistir o enviar un formulario, que rellenamos en dos ocasiones, sin respuesta. En el departamento de Prensa del Ministerio de Trabajo, remarcan que el estado invertirá 70 millones de euros para reforzar el servicio de atención con más personal y más "recursos", un concepto ambiguo que nadie explica ni detalla más allá. Hablan de la venta de citas como un "delito, en curso de investigación por la fiscalía" y no dan soluciones concretas para los cientos de miles de ciudadanos del estado que luchan, desesperados, por poder ser atendidos de manera presencial y cobrar, ni más ni menos, lo que les corresponde. ¿Cómo puede ser que la web de un Ministerio, que debería ser tan segura y tan vigilada, permita intromisiones ajenas mantenidas durante ya más de 6 meses? "Probablemente se trata de algún programa informático concreto". ¿Que nadie sabe detectar? En Estados Unidos, dos semanas más tarde de certificar el primer caso de Coronavirus, se aprobó una ayuda universal de entre 1.200 y 3.400 dólares que, en menos de una semana, llegó a todos los ciudadanos. Alemania, al mismo tiempo, volvió a servirse del Kurzarbeit, una medida indefinida para pagar a las empresas la reducción de la jornada laboral. No se ha detectado, en ninguno de los casos, ni tampoco en otros conocidos, un colapso de la magnitud de aquel que impera y resiste aún en el estado español. No es la primera vez que locutorios, copisterías o particulares, sacan provecho con la reventa de citas. Lo han hecho, como mínimo los últimos 5 años, cobrando entre 10 y 120 euros, por el fallo también, del sistema de atención en la oficina de Extranjería en Barcelona. ¿Cómo puede ser que un programa informático, o un modus operandi no sea detectado o se recicle con tanto éxito de manera permanente? ¿Cómo puede ser que el estado no facilite, ni que sea a largo plazo, un sistema infalible para poder acceder a una consulta? Llegar a comprobar quién es en último término el responsable es poco menos que una utopía. Podríamos hablar, claro, de una mafia organizada. Pero también, con los datos en la mano, no sería arriesgado preguntarse si el estado saca provecho.