El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el esperado plan de choque con el que el Gobierno pretende aliviar la penosa situación en la que se encuentran cientos de miles de empresas y autónomos con sus negocios a medio gas -en el mejor de los casos- debido a las restricciones derivadas de la pandemia.
El nuevo real decreto ley de medidas urgentes, el enésimo de esta crisis, establece que los inquilinos de locales comerciales cuyo arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran propietario (alguien que tenga 10 inmuebles urbanos o más de 1.500 metros cuadrados de alquiler) podrán pedirle hasta el 31 de diciembre de 2021 una reducción de las rentas o una moratoria en los pagos.
La primera opción conllevará, sin la necesidad de llegar a un acuerdo con nadie, la reducción del 50% de la renta aplicable desde ahora mismo y hasta cuatro meses después de que finalice el estado de alarma. Como esta situación excepcional está aprobada hasta el 9 de mayo de 2021, esto significa que la minoración de la renta es aplicable hasta el 9 de septiembre de este año, al menos, según consta en el borrador del decreto.
