El Gobierno se comprometió hace unos días con Ciudadanos a establecer un marco de actuación común en toda España para garantizar la salida ordenada del Estado de Alarma el próximo 21 de junio.
Fuentes de la formación naranja alegaban que no se podía dejar en manos de cada comunidad la gestión exclusiva de una epidemia que no entiende de fronteras. Esta misma preocupación se la habían transmitido algunos presidentes autonómicos a Pedro Sánchez, temerosos ante la posibilidad de que alguno de sus colegas eliminaran prohibiciones, como la de celebrar grandes eventos o eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en aquellos lugares donde no se pueda respetar la distancia física establecida de dos metros.
Ayer, el presidente del Gobierno anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que establecerá las normas básicas que todas las comunidades deberán cumplir en relación a la epidemia del coronavirus. Un marco jurídico común que permita mantener la misma línea de lucha contra la Covid en todo el territorio. Este decreto, en el que ya trabaja el Ministerio de Sanidad, incluirá numerosos campos, desde el transporte hasta el comercio. Y, por supuesto, lo relativo a la sanidad.
En este punto, fuentes del Gobierno informaron que este decreto establecerá la obligación de mantener las medidas de prevención actuales, es decir, se deberán mantener las distancias interpersonales de dos metros en todos los espacios públicos, incluida la hostelería y los comercios, así como en las escuelas y en el trabajo durante todo el período llamado "nueva normalidad" y que durará hasta que haya tratamiento o una vacuna contra el coronavirus. En este punto, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en las mismas condiciones actuales (en el transporte público, siempre, y en los espacios abiertos y cerrados cuando no se pueda garantizar esta distancia entre las personas) y la obligación de los comercios de disponer de desinfectantes en la entrada de los mismos.
El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó ayer que están trabajando en este marco legal y que, en lo que respecta al ámbito sanitario, el objetivo es que las comunidades mantengan la capacidad asistencial actual para poder actuar no solo si hay un rebrote si no de cara a una segunda ola de la epidemia en otoño.
También se exigirá a las comunidades que mantengan las previsiones de compra de productos sanitarios y de equipos de protección individual, así como los sistemas de información y la comunicación al Ministerio de Sanidad para controlar el devenir de la epidemia.
