El Ayuntamiento de Barcelona ha consolidado durante este año 2021 el pago a sus proveedores en un plazo inferior a los 20 días desde el momento en el que la factura entra en el registro municipal. El pasado mes de octubre se inició la tendencia con pago a 19'9 días y ésta se ha mantenido hasta julio, con un promedio de 19'6 días.
En cuanto al mes de julio de este año, se han pagado un total de 2.652 facturas con un importe de 50.796.079 euros, mientras que quedan pendientes de pago durante las próximas semanas 1.370 facturas que suponen un importe total de 17'31 millones de euros.
El primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, ha puesto de relieve que "es necesario que una administración saneada, como es el Ayuntamiento de Barcelona, pague lo antes posible para dotar de liquidez a las empresas que nos proveen" y ha añadido que "estamos saliendo de una situación económicamente muy complicada y desde el Ayuntamiento debemos hacer los máximos esfuerzos para acompañar a la ciudadanía en este proceso". Finalmente, Collboni ha destacado que "el nuevo circuito de pago que se implantó el año pasado está funcionando tal y como se esperaba y esto es posible gracias a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona que se han implicado para dar respuesta a empresas y autónomos". Garantizar la liquidez a las empresas para asegurar la máxima supervivencia empresarial es uno de los objetivos marcados por el Centro de Coordinación de la Respuesta Económica (CECORE) que se constituyó en abril de 2020. En esta línea, desde el decreto del estado de alarma, el Ayuntamiento articuló y flexibilizó procesos para garantizar los pagos con mayor celeridad y dar así liquidez a los proveedores municipales. Así, la rapidez en los pagos ha sido posible gracias a la aceleración de la maquinaria administrativa del consistorio para dar respuesta a la demanda de las empresas y autónomos para obtener liquidez en el menor tiempo posible en un momento de gran dificultad económica. El pago en un plazo inferior a 20 días consolida el nuevo circuito de validación que tuvo que adaptarse en los primeros días del estado de alarma para poder reconvertir el proceso administrativo para hacerlo completamente telemático, reduciendo los días de pago y manteniendo a la vez todas las garantías jurídicas.