"Hay un 10% de trabajadores en la UE con un salario que no les garantiza estar fuera de peligro de exclusión", explica Jordi Curell, director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, en un debate que ha puesto sobre la mesa la necesidad de un salario mínimo europeo. El 28 de octubre de 2020, la Comisión Europea propuso una directiva de la UE para garantizar que los trabajadores de la UE estén amparados por salarios mínimos adecuados que les permitan vivir dignamente allí donde sea que trabajen. El acto telemático, organizado por la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, ha contado con un diálogo de las diputadas de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo (PPE) y Alícia Homs, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) .
Según Curell, es importante hacer llegar la propuesta del salario mínimo europeo "porque los datos económicos y sociológicos demuestran que el trabajo no paga. Hay un 10% de trabajadores con un salario que no les garantiza estar fuera de peligro de exclusión. En España es un 13%". Es este contexto, ha dicho Curell, que hace que la comisión se plantee esta propuesta.
En 2020, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea tienen un salario mínimo legal (21 de 27), mientras que otros seis tienen niveles salariales determinados a través de la negociación colectiva. Los salarios mínimos mensuales varían ampliamente en la UE, desde los 312€ en Bulgaria hasta los 2.142€ en Luxemburgo (julio de 2020). El eurodiputado ha dejado claro que la propuesta para un salario mínimo no pretende, en ningún caso, fijar un mecanismo obligatorio de salario mínimo, ni imponer una obligación de introducir un salario mínimo, ni que se extienda la efectividad o cobertura de los acuerdos colectivos.
¿Qué pone sobre la mesa esta propuesta de ley? Hay varios tipos de medidas, en función de si los países tienen un sistema de fijación de los salarios mínimos o no lo tienen. Los países nórdicos, por ejemplo, no los tienen. Los países que sí que cuentan con un salario mínimo fijado por ley, como es el caso del Estado español, deberían tener en cuenta criterios como el poder adquisitivo, los elementos de productividad y que haya interlocutores sociales, como los sindicatos.
Ahora bien, para todos los demás países que no tienen fijado este salario mínimo, la nueva propuesta de ley incentiva a que se promueva el establecimiento salarial, mediante convenios colectivos. "Se ha consultado, de manera muy intensiva, a los agentes sociales, sindicatos, etc... en función de la respuesta, la comisión hace una propuesta y los agentes sociales pueden rebatirla", ha señalado Curell, quien insiste en que "esta ha sido una propuesta bien discutida con los diferentes actores".
Preguntado por si el salario mínimo afectará también a los países de la UE de fuera de la zona-euro, Curell ha respondido que sí. "No estamos hablando de un mismo salario mínimo sino de mecanismos de fijación transparente".
¿Qué ocurre con la economía sumergida? En este caso, ha explicado Curell, la propuesta no les afecta. "Ahora se benefician los trabajadores que tienen contrato. Somos conscientes de que las formas de trabajo han cambiado. Esta directiva no lo aborda pero se está planteando para 2021. Cómo se puede regular el trabajo de las plataformas, como los riders, falsos autónomos, etc. Estamos pensando qué se puede hacer para dar una regulación adecuada a este fenómeno que no es nuevo, desgraciadamente".
En noviembre de 2017, las instituciones europeas proclamaron conjuntamente el Pilar Europeo de Derechos Sociales, estableciendo el compromiso de la UE con unos salarios justos. Curell se ha mostrado optimista ante la posible negativa de la patronal para aumentar el salario mínimo en países donde éste es realmente bajo. "No estamos preocupados. Unos ven las cosas más desde la productividad y los sindicatos desde los derechos de los trabajadores. Pero, a pesar de las posturas divergentes pueden ponerse de acuerdo". Esta crisis demuestra, según el político, "que la reacción ha sido muy diferente de la crisis de 2008, allí se defendió el rigor fiscal y ahora se ha hecho una política que hacía mucho tiempo que no se hacía". Finalmente, Curell ha asegurado que "antes de 2024 estoy seguro de que tendremos una propuesta del salario mínimo europeo".
En el diálogo posterior, tanto Rosa Estaràs (PPE), como Alícia Homs (S&D) han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el diálogo social para llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo. "Tenemos que trabajar mucho para que no exista la figura del trabajador pobre. Ahora es el momento adecuado para hacerlo", ha destacado Homs, y ha destacado que "esta propuesta quiere aumentar el plan europeo de derechos sociales y es una necesidad para recuperarnos de esta crisis".
Por su parte, Estaràs ha compartido el objetivo de que todos los trabajadores tengan un salario mínimo "porque no sería justo que fueran hacia la pobreza". Con todo, la eurodiputada del PP ha señalado no estar segura "de que deba ser una regulación europea". "Es un camino largo, pero el objetivo lo queremos todos igual. Si conseguimos, al menos, un marco mínimo, sería mejor".
En el 10% de los trabajadores pobres están, especialmente, representadas las mujeres. ¿Qué directivas se pueden llevar a cabo para revertirlo? Según Homs, se ha aprobado un instrumento de transparencia para hacer frente a la brecha salarial. Según Homs, "el salario mínimo ayuda a reducir la brecha salarial" y ha reconocido que el salario mínimo en España era "muy bajo". "Actualmente está fijado en 950 euros y el objetivo es llegar a los 1.300 en 2023, todavía tenemos margen", ha asegurado.
