“Mi objetivo es reducir a cero las escalas de cruceros en Barcelona en los próximos años. Tenemos que tomar decisiones valientes”. Así de claro expresaba hace un mes el alcalde Jaume Collboni sus intenciones con el futuro de la actividad crucerista en una entrevista a Betevé.
En aquella conversación, el alcalde socialista avanzó que subiría la tasa turística de 4 a 8 euros de golpe o ya avisaba que pediría que se “desbloquearan” estos ocho euros de límite para ir más allá. “El objetivo es financiar los recursos que consumen en la ciudad y desincentivar a través de la fiscalidad estas estancias que hacen un uso muy intensivo del espacio público y no generan ingresos desde el punto de vista turístico”, argumentaba.
Ahora parece que todo está encaminado para que las intenciones de Collboni se hagan realidad gracias a un acuerdo entre las tres principales fuerzas progresistas del país y del Ayuntamiento: PSC, Barcelona en Comú y Esquerra. Las tres formaciones han llegado a un pacto para impulsar una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat que permitirá que esta tasa pueda llegar hasta los 30 euros en los cruceristas de corta duración (menos de 12 horas).
Este incremento vendrá a través de lo que se conoce como recargo municipal, que hasta ahora solo podía llegar hasta los ocho euros. De esta manera, pasará a ampliarse hasta los 24. Junto con esto, los seis euros que ya cobra la Generalitat por este tipo de turistas permitirá tener la cifra final de 30 euros por persona y día. Sobre el movimiento, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, apunta que viene provocado por el “baixíssim” impacto económico y las externalidades negativas de esta actividad.
Por su parte, el cuarto teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido que los cruceros de escala pasan “muy poco tiempo” en la ciudad, una media de 5 horas, generan “densidades muy importantes” en espacios de gran afluencia, hacen un gasto “reducido” y consumen de manera intensiva los servicios públicos. En este sentido, el concejal socialista pone el foco también en los vecinos: “El turismo es importante, pero más importantes son los vecinos y vecinas que viven en Barcelona. La ciudad no es única y exclusivamente tres piedras, sino un lugar donde vive directamente la gente”.
“Cuanto antes mejor”
Una de las dudas que se generan ahora es si estos 24 euros de recargo municipal entrarán de golpe en las nuevas ordenanzas fiscales o se hará de forma progresiva. Desde los Comunes se pide que se haga “cuanto antes mejor” y realizar una única subida hasta llegar al tope. Con todo, su portavoz en el Parlament, David Cid, avisa que esto dependerá de las negociaciones entre los grupos municipales, que lo tendrán que aprobar en el pleno.
Desde las filas republicanas también celebran este acuerdo y reclaman que los recursos se destinen, por ejemplo, a comedores escolares. "Es un paso más para buscar un equilibrio en el sector del turismo, que tiene una afectación directa a la movilidad, a los servicios y al espacio público”, afirma la portavoz en la cámara catalana, Ester Capella.
Menos cruceros
En paralelo, el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria empieza a dar sus frutos y el mes de noviembre se iniciará el derribo de la terminal C de cruceros del muelle Adosado del Puerto de Barcelona. La intención es tener una terminal renovada y reorganizar esta actividad para reducir el número de terminales de cruceros en la ciudad. A finales de año se contempla el cierre de la terminal del muelle Barcelona sur y, más adelante, se eliminarán las terminales A y B para construir una única infraestructura. Según un estudio del Puerto, los cruceristas representan de media el 2,5 % del total de turistas de Barcelona y en los picos de afluencia puede llegar hasta el 7,5%.