El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado el personal que detecta pisos turísticos ilegales de acuerdo con el acuerdo que suscribió con ERC para que los republicanos dieran luz verde al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Así, los visualizadores han pasado de 20 a 40, y los inspectores de 20 a 34, pero se llegará también a los 40 en los próximos meses. El objetivo es llegar a formar un equipo de 110 personas en 2018. Desde el verano de 2016, se han abierto casi 5.500 expedientes. Se han iniciado más de 2.800 que son sancionadores y se han dictado más de 2.000 órdenes de cese. El Ayuntamiento ha cobrado 530 sanciones y ha precintado 127 pisos al margen de la normativa. El gobierno ha explicado que un estudio de Apartur revela que el esfuerzo del consistorio ha comportado una reducción de casi 1.000 viviendas ilegales ofertadas.
"Tolerancia cero de Barcelona en relación a la actividad ilegal, la barra libre se ha acabado". Así se ha expresado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, acompañada por el portavoz de ERC, Jordi Coronas. En declaraciones en la Estación del Norte, donde se encuentra la oficina donde trabajan los visualizadores de pisos turísticos, Sanz ha subrayado que los pisos ilegales representan una "actividad corrosiva para garantizar una ciudad para vivir que priorice el derecho al barrio y a la vida". Ha recordado que el gobierno implementó ya un plan el verano pasado, pasando de 12 a 20 inspectores y creando el cuerpo de visualizadores, con 20 efectivos. Con el acuerdo con ERC estas cantidades se doblarán. "Son toda una serie de actuaciones que nos permiten decir que el Ayuntamiento tiene un cuerpo específico, propio, para dar la vuelta a esta actividad ilegal", ha concluido. Este plan, ha continuado, "ha dejado de ser un plan de choque puntual, sino que es ya una medida estable y estructural de la ciudad". También se están comprobando residencias de estudiantes, con 13 sanciones. El republicano Jordi Coronas ha celebrado que el gobierno finalmente aceptara el incremento del cuerpo de inspección, porque "a más presión de inspección más difícil será que alguien opte por una actividad ilegal y más fácil será cerrar los alojamientos que no cumplen con la normativa". Ha aplaudido que por fin haya un "cuerpo proporcionado a la magnitud del problema", y ha añadido que el control es muy necesario también "para acabar con discursos turismofóbicos que no benefician a nadie". Igualmente, la teniente de alcaldía ha asegurado que lo que pretende el gobierno con este tipo de actuaciones es precisamente controlar la actividad turística y así "combatir actitudes de turismofobia o sentimientos de pérdida de la ciudad". En este punto, ha reconocido que al gobierno le "preocupa que pueda haber este sentimiento de rechazo respecto al turismo" y está tomando todas las medidas necesarias para controlar la actividad y dejar claro que "se ha acabado la barra libre". A su parecer, hay que garantizar que los vecinos pueden vivir con todos los derechos y convivir "con equilibrio y sostenibilidad con los turistas". Ha respondido así a las pintadas que se han hecho cerca del Park Güell en contra de la presencia de turistas con lemas como 'Gaudí te odia' o '¿Por qué le dicen temporada turística si no los podemos disparar?'. Sanz ha señalado que Barcelona debe ser una ciudad con turismo pero también "con muchas otras cosas". En este sentido, ha rechazado "criminalizar" el sector turístico y ha defendido la necesidad de que éste continúe operando en la ciudad, "pero con equilibrio". "La barra libre a la que nos tenía acostumbrados el sector se ha acabado", ha insistido. El trabajo de los visualizadores consiste en detectar a través de Internet aquellos pisos susceptibles de ser ilegales. Después se acercan a sus ubicaciones y preguntan a los vecinos al respecto. Una vez detectados, entran en juego los inspectores.
