El Ayuntamiento de Barcelona ha recuperado una de las tres fincas municipales ocupadas en Vallcarca después de realojar a la última familia que todavía vivía allí. Se trata del edificio situado en el número 87B de la avenida Vallcarca, donde inicialmente residían cuatro familias. Tres ya habían aceptado las viviendas alternativas ofrecidas por el consistorio, y la cuarta lo hizo finalmente este miércoles.
Con la finca ya vacía, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de derribo del edificio, según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes municipales.
Desde el consistorio explican que la familia que quedaba en el bloque había rechazado inicialmente la alternativa habitacional, pero finalmente aceptó el ofrecimiento y pudo trasladarse a la nueva vivienda.
Catorce personas continúan en las otras dos fincas
A pesar de la recuperación del bloque 87B, el conflicto continúa abierto en las otras dos fincas municipales afectadas, situadas en los números 83 de la avenida Vallcarca y 3 de la calle Farigola.
Según fuentes municipales, en estos dos edificios todavía viven doce personas consideradas vulnerables durante el proceso de mediación y que, de momento, no han aceptado las viviendas ofrecidas por el Ayuntamiento. Además, también hay dos personas más que continúan en los inmuebles y que no fueron consideradas vulnerables. En total, todavía hay catorce personas en las dos fincas restantes.
El gobierno municipal defiende que ha mantenido los ofrecimientos habitacionales una vez finalizada la mediación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y que continuará tramitando los expedientes para recuperar los edificios.
Som Barri cuestiona el proceso
La asociación vecinal Som Barri ha explicado que el realojo de este miércoles correspondía a la Mina, Mbareck y su hija mayor de edad, los últimos ocupantes del edificio de Vallcarca 87B.
La entidad asegura que la salida de la familia ha llegado después de “largas negociaciones” con servicios sociales y el Distrito. A pesar de remarcar que no se trató de un desahucio, Som Barri afirma que tampoco fue “una decisión voluntaria de marcharse”. Con todo, la asociación reconoce que el Ayuntamiento facilitó los medios materiales necesarios para hacer la mudanza hacia los pisos dotacionales asignados.
Som Barri también denuncia lo que califica de “semi derribo de los techos” y la “vandalización deliberada” de los interiores de las viviendas para impedir su habitabilidad.
La entidad recuerda que el gobierno del PSC se había comprometido hace unos meses a abrir una mesa de negociación urbanística para abordar el futuro del ámbito Vallcarca-Bolívar. Según los vecinos, este espacio debía servir para debatir las afectaciones urbanísticas, las necesidades de vivienda y el modelo de barrio.
Por ello, consideran que el derribo parcial del edificio sin que se haya constituido esta mesa representa un incumplimiento de los compromisos adquiridos.
La asociación reclama al gobierno de Jaume Collboni que convoque “urgentemente” este espacio de negociación y abra un proceso de diálogo con el vecindario y las entidades antes de continuar avanzando en las actuaciones urbanísticas previstas en Vallcarca.