El Ayuntamiento de Barcelona propondrá una nueva subida de la fiscalidad turística en la próxima Comisión de Economía y Hacienda, que se celebrará de manera extraordinaria el martes 22 de septiembre. El Gobierno municipal planteará la modificación de dos ordenanzas fiscales con el objetivo de incrementar la contribución del sector turístico a las finanzas municipales.
Una de las medidas afecta a los cruceros de corta estancia, es decir, aquellos que permanecen menos de 12 horas en la ciudad. El consistorio propondrá elevar progresivamente el recargo turístico que pagan estos pasajeros de los 5 euros actuales hasta los 24 euros, el máximo que permite la reciente modificación de la legislación catalana. El incremento se haría de manera gradual hasta el año 2030.
Según las estimaciones del Gobierno municipal, esta modificación permitiría incrementar la recaudación en 23,7 millones de euros anuales en el año 2031. El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, sin embargo, ha asegurado que el objetivo principal de la medida no es aumentar los ingresos municipales, sino reducir el volumen de este tipo de cruceros en Barcelona.
Valls ha recordado que el alcalde, Jaume Collboni, ya expresó el pasado mes de mayo la voluntad del Ayuntamiento de que la actividad de los cruceros de corta estancia tienda a desaparecer de la ciudad.
La segunda modificación planteada por el Gobierno afecta al IBI diferenciado de Ocio y Hostelería, que se aplica a los establecimientos con un valor catastral más elevado. La propuesta es aumentar el tipo impositivo del 1,17% actual hasta el 1,3%, el máximo previsto.
El Ayuntamiento calcula que esta medida tendría un impacto de 4,7 millones de euros en las finanzas municipales. De esta cantidad, 3,8 millones corresponderían estrictamente al cambio normativo, mientras que los 0,9 millones restantes derivarían de la revisión catastral realizada en el año 2018.
El Gobierno municipal defiende que las dos medidas forman parte de su política de gestión del turismo y de redistribución de la carga fiscal. “Este Gobierno ha congelado la fiscalidad que recae sobre las familias y ha centrado las reformas de ordenanzas en hacer que el sector turístico contribuya en mayor proporción a las finanzas municipales para compensar las externalidades que genera”, ha afirmado Valls.
Las propuestas se suman a otras actuaciones impulsadas durante el mandato para gestionar el impacto de la actividad turística en Barcelona. Entre estas medidas se encuentran la creación de la Zona Bus 4.0, destinada a ordenar el aparcamiento de los autocares turísticos; el incremento hasta los 18 euros del precio de la entrada al Park Güell; el acuerdo con el Puerto de Barcelona para reducir de siete a cinco las terminales de cruceros, y la decisión de extinguir las licencias de las viviendas de uso turístico a partir del año 2028.
Las dos modificaciones de las ordenanzas fiscales deberán pasar ahora por la Comisión de Economía y Hacienda, en una sesión extraordinaria prevista para el 22 de septiembre.
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