El departamento de Territorio y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado promover y construir un mínimo de 1.700 viviendas sociales en la capital catalana. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la consejera Ester Capella, han firmado el convenio de colaboración que hará posible la medida. Se trata de pisos de protección oficial, alojamientos dotacionales y de alquiler asequible situados en solares del municipio.
El consistorio otorgará a Incasòl la cesión de derechos de superficie o concesiones de uso privativo de estos espacios por un plazo de 75 años y el Gobierno invertirá 221 millones de euros para edificar allí. El ejecutivo barcelonés ya ha cedido once parcelas municipales en las que se levantarán las primeras 637 viviendas.
Esta iniciativa se suma a los diferentes programas que está llevando a cabo el Gobierno para incrementar el parque público de alquiler social en Cataluña y a la voluntad del Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), de hacer posible la promoción de nuevos pisos.
El convenio es fruto del ofrecimiento de 27 suelos de titularidad municipal a la Generalitat que el alcalde Jaume Collboni hizo al presidente Pere Aragonès en la primera reunión de trabajo que ambos mantuvieron el pasado mes de agosto.
Collboni ha afirmado que la vivienda es uno de los retos principales de la ciudad y la prioridad número uno de su ejecutivo. Por su parte, la consejera de Territorio, Ester Capella, ha considerado que “con actuaciones como esta desde el Gobierno se consigue un incremento sustancial del parque de alquiler social en Cataluña utilizando todos los mecanismos posibles en coordinación con los ayuntamientos, en Barcelona y en numerosos municipios del país”.
Para hacerlo posible se está reforzando la capacidad de Incasòl para convertirse en una herramienta de país que contribuya a garantizar el derecho a la vivienda”.
De acuerdo con el convenio firmado, el departamento de Territorio desarrollará una primera fase de 637 viviendas situadas en once parcelas. Una vez que el Ayuntamiento formalice el derecho de superficie a favor de Incasòl, este organismo tendrá cinco años para ejecutar la construcción de la promoción. La inversión prevista es esta primera fase es de 82,81 millones de euros.
Cuando terminen los trabajos, la Agencia de la Vivienda de Cataluña, junto con el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, establecerá los criterios de adjudicación de los inmuebles. Se prevé una reserva mínima del 30% del total de las viviendas destinada a jóvenes menores de 35 años. Asimismo, si el Ayuntamiento de Barcelona lo solicita, se podrá reservar una parte de estas viviendas para políticas específicas de vivienda municipales.
El convenio también establece que las parcelas de la segunda fase se programarán durante el plazo de vigencia del documento, mediante la firma de una adenda. Para el seguimiento del desarrollo de los compromisos establecidos en el convenio, se crearán dos comisiones: una de seguimiento, con el objetivo de velar por que el convenio se ejecute en todos sus términos, y una técnica para hacer el seguimiento operativo.
