Barcelona prevé ampliar la videovigilancia con 500 cámaras nuevas hasta 2027

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha manifestado que la ciudad está "muy poco videovigilada" y se muestra confiado en alcanzar las 500 cámaras nuevas en 2027. Actualmente, Barcelona cuenta con unas 186 cámaras, incluyéndose las instaladas en la plaza Catalunya (14) y en el frente marítimo (12). A pesar de que queda menos de un año para finalizar este mandato, Batlle mantiene el objetivo de llegar a medio millar de dispositivos: "Estamos en el buen camino". De hecho, el Ayuntamiento tiene previsto anunciar este mismo martes nuevas ubicaciones autorizadas para la instalación.

Procesos y zonas prioritarias para la videovigilancia

Batlle reconoce que han tenido que trabajar para "remover muchas reticencias" sobre la colocación de nuevas cámaras de seguridad ciudadana, fomentando un diálogo que asegure "todas las garantías" pero también cubra las necesidades reales del municipio. Explica que una vez se obtiene la aprobación de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC), se comienza "inmediatamente" el proceso de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

Las zonas elegidas para ubicar estas cámaras son espacios con gran afluencia pública, elevada actividad delictiva o susceptibles de ataques terroristas. Según Batlle: "Son los tres elementos: el terrorismo, la masificación y la actividad delictiva". Entre los puntos donde ya se ha anunciado que se colocarán dispositivos se encuentran la rambla del Raval (21 cámaras) y la plaza Reial (20). A pesar de haber comenzado algunas tareas iniciales de instalación, es necesario realizar obras civiles, por lo que todavía no se puede precisar cuándo entrarán en funcionamiento. También está previsto doblar las cámaras existentes en la Rambla, pasando de 32 a 62 después de acabar las obras previstas en febrero de 2027. Además, Batlle confirma que se instalarán dispositivos en los cerros del Turó de la Rovira donde los vecinos han reportado incidentes; pero avisa de que esta actuación no será efectiva durante el verano.

Videovigilancia como herramienta disuasoria e investigadora

El teniente defiende que las cámaras actúan como un elemento clave en la "disuasión" de los actos delictivos así como en el apoyo directo a la actividad policial. Refiriéndose específicamente a los dispositivos situados en plaza Catalunya desde abril pasado, afirma que "hay una cierta actividad delictiva que ha sido captada y esclarecida a través de ellas". Además subraya que este sistema es "muy garantista" respecto a la intimidad de los ciudadanos.

Fases de implantación según el plan municipal

De acuerdo con los planes municipales detallados previamente, entre ahora y finales del mandato se espera implantar las quinientas nuevas cámaras distribuidas en diversas fases:

• Fase 1: Instalación prevista entre finales de 2025 y 2026 con 134 dispositivos.
• Fases 2 y 3: Un total combinado de 121 cámaras entre finales de 2026 y primer trimestre de 2027.
• Fase 4: Incluye otras 245 unidades planificadas para el mismo año 2027.

Herramientas adicionales: detectores de metales y pistolas eléctricas

Aparte de los sistemas audiovisuales, actualmente la Guardia Urbana dispone aproximadamente de un centenar de palas detectoras de metales —un instrumento esencial para localizar armas blancas como navajas— cifra calificada como "suficiente" por Batlle atendiendo a los controles actuales. Este material no forma parte de los equipos individuales de los agentes sino que está presente en los vehículos patrulla. El uso se intensifica especialmente durante grandes concentraciones festivas o lugares con alta afluencia donde pueden surgir incidentes.

Datos recientemente publicados indican una reducción significativa en incidentes relacionados con armas blancas durante el primer semestre de este año: un descenso del 20,9%. Las intervenciones policiales vinculadas también han disminuido un 6,1%. Esta tendencia positiva se atribuye a los controles preventivos realizados tanto por los Mossos d’Esquadra como por la Guardia Urbana enfocados a evitar normalizar esta problemática conocida como “cultura de la navaja”.

En cuanto al despliegue inminente de los dispositivos llamados pistolas eléctricas —ya disponibles para los Mossos y otras policías locales—, Batlle asegura tenerlo garantizado dentro de este mandato. Este julio fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal el reglamento regulador para dotarlas y usarlas; ahora solo falta ratificarlo definitivamente en plenario.

Más aún después de que junio pasado una votación favorable aparentemente consolidada fuera tumbada por el voto contrario inesperado de los concejales Junts; hoy Batlle confía plenamente en que esto no vuelva a pasar dado un cambio positivo reciente: "Las conversaciones que hemos tenido con Junts y con otras fuerzas políticas nos permitirán llevar la aprobación y la adquisición de este instrumento", explica agradeciendo especialmente esta "buena predisposición".

Lucha contra asentamientos irregulares y mejora convivencial

Batlle también aborda temáticas relacionadas con convivencia urbana destacando la aprobación reciente —y efectividad inicial— de nueva ordenanza cívica más restrictiva en cuanto a sanciones. Se han impuesto hasta ahora 17.461 denuncias a cargo de la Guardia Urbana entre febrero y junio. 

 "Los primeros meses demuestran la eficacia de esta medida que nos permitirá también mejorar los estándares de convivencia de la ciudad", apunta. Además, destaca el papel de agentes cívicos y equipos de mediación como vías también para resolver conflictos de convivencia.

Por otro lado, preguntado por los asentamientos en la vía pública, admite que "proliferan" e indica, en primer lugar, que la cuestión "desborda mucho" el ámbito de la seguridad y señala que también es necesario un tratamiento "muy delicado" desde el punto de vista social. "Nosotros tenemos que luchar porque no haya un uso abusivo y conflictivo del espacio público, que es el problema que tenemos", comenta. Reconoce que la cuestión de los asentamientos le preocupa "mucho", especialmente aquellos próximos a la ronda Litoral, y por eso indica que se han hecho algunas actuaciones y se seguirán haciendo en el futuro. Además, alerta de que muchas veces hay gente en una situación "de mucha vulnerabilidad", pero también hay "quien aprovecha para hacer actividades delictivas". "Tenemos que hacer un control del espacio público para que no haya una situación de desbordamiento de estas ocupaciones, pero está clarísimo que todo esto tiene que ir acompañado del conjunto de las políticas sociales", concluye.

Comercio e inspecciones en Ciutat Vella             

Batlle, que también es el concejal responsable del Distrito de Ciutat Vella, valora positivamente el nuevo Plan de Usos aprobado en junio, un plan que establece un nuevo marco de regulación de las actividades económicas del distrito. Con todo, también cree que no se deben "sacralizar" este tipo de planes: "Hay toda una serie de actividades que de la noche a la mañana no las iremos cambiando". Por eso, defiende que se debe ir modulando las actividades que no se quieren y al mismo tiempo recurrir a otras herramientas que van más allá del ámbito municipal, como por ejemplo la Ley del Comercio.

Según él, la numerosa presencia de clubes cannábicos, tiendas de carcasas de móviles o comercios "sin ningún tipo de valor añadido" no se resuelve solo con un plan de usos. Por eso, cree que también hay que modificar la Ley del Comercio y en paralelo, como ya avanzó el alcalde Jaume Collboni a la ACN, regular los alquileres comerciales. "Es muy triste ver desaparecer comercios tradicionales y que, en cambio, sean sustituidos por establecimientos que están pagando 4.000 y 5.000 euros al mes por vender carcasas o por vender objetos de recuerdo sin ningún tipo de calidad de nada", lamenta.

En este sentido, Batlle también hace valer el trabajo hecho con las multiinspecciones a locales. De hecho, en los últimos años el Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la actividad inspectora en el distrito, con una estrategia centrada en incrementar la presión sobre los negocios reincidentes, especialmente en actividades económicas, terrazas, ruido y alojamientos turísticos. Entre 2023 y 2025 se han realizado 21.349 inspecciones y se han tramitado 17.039 procedimientos, con un 78% de los procedimientos restitutivos y sancionadores finalizados con la orden cumplida.