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El Ayuntamiento de Barcelona ha acogido este jueves por la tarde una sesión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para abordar el riesgo de que este sábado 31 de octubre se repitan los actos de pillaje y saqueos del pasado fin de semana.
La reunión ha sido presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el delegado del gobierno español, José Crespín, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando. También han participado representantes de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como miembros de la judicatura y de la Fiscalía.
Tolerancia cero con la violencia y los destrozos
Las instituciones participantes han refrendado su compromiso de preservar la convivencia y el orden público y han asegurado que actuarán con la máxima firmeza si vuelven a producirse incidentes. También han destacado la necesidad de dar una respuesta contundente ante un fenómeno que han calificado de sin precedentes.
Las administraciones han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y han explicado que se ha diseñado un dispositivo policial de máximos, basado en la coordinación entre los cuerpos policiales y las autoridades judiciales. El despliegue incluirá actuaciones preventivas y un seguimiento continuado de los acontecimientos que se puedan producir.
La Junta ha reiterado que actuará contra las personas que provoquen destrozos o alteren la convivencia y que mantendrá una política de tolerancia cero ante cualquier actitud violenta en el espacio público.
Las familias, llamadas a asumir responsabilidades
Uno de los aspectos que preocupa a las instituciones es la posible implicación de menores de edad convocados por personas que se esconden tras el anonimato de las redes sociales.
En este contexto, la Junta Local de Seguridad ha subrayado que los cuerpos policiales y judiciales continuarán pidiendo responsabilidades a los tutores legales de los menores implicados y han apelado a la responsabilidad de las familias.
Las instituciones consideran que preservar la convivencia y evitar los actos violentos es indispensable para garantizar la democracia y la libertad en la ciudad.
