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El Ayuntamiento de Barcelona y los sindicatos CCOO y UGT han reafirmado este lunes el acuerdo para impulsar conjuntamente 1.500 viviendas públicas en la ciudad. El proyecto se desarrollará a través del derecho de superficie y todos los pisos se adjudicarán por sorteo entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona.
La primera fase comenzará este mismo 2026 con la cesión de tres solares municipales que permitirán construir 179 viviendas. El resto se irá incorporando de manera progresiva durante los próximos diez años, a medida que el Ayuntamiento disponga de nuevos terrenos.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que el acuerdo permitirá ampliar el número de actores implicados en la construcción de vivienda protegida. “Necesitamos que todo el mundo que pueda hacer vivienda, la haga”, ha afirmado, destacando la voluntad de incorporar a los sindicatos en la respuesta ante la crisis residencial.
Una fórmula a medio camino entre compra y alquiler
Las viviendas se ofrecerán mediante el derecho de superficie, una fórmula que permite utilizar un piso durante un periodo largo sin adquirir el suelo. En este caso, la cesión tendrá una duración de 75 años. Las personas adjudicatarias podrán financiar la vivienda durante los primeros 30 años con mensualidades que, según el consistorio, deben mantenerse en niveles similares a los de un alquiler asequible.
Una vez vencido el plazo, la vivienda pasará a formar parte del parque público de alquiler de la ciudad, mientras que el suelo continuará siendo en todo momento de titularidad municipal. El Ayuntamiento defiende esta fórmula como una manera de ofrecer estabilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, evitar que los pisos acaben entrando en el mercado libre.
Sorteo entre las personas inscritas
Los 1.500 viviendas se destinarán exclusivamente a personas inscritas en el registro municipal de vivienda protegida. Para acceder a ellas, habrá que disponer de suficiente capacidad económica para asumir una hipoteca asequible que no supere aproximadamente el 30% o 35% de los ingresos de la unidad de convivencia.
Como referencia, el Ayuntamiento apunta que actualmente una vivienda protegida de 70 metros cuadrados en derecho de superficie puede tener un precio aproximado de 173.320 euros más gastos, según los importes fijados por la Generalitat. Los sorteos se harán ante notario y con los mismos criterios de transparencia que el resto de convocatorias de vivienda pública.
Los primeros pisos, en el Bon Pastor, la Clota y Trinitat Nova
Los tres primeros solares ya están en tramitación. En el paseo de La Habana, en el Bon Pastor, se prevén 47 viviendas. En el pasaje del Marqués de Castellbell, en La Clota, se proyectarán 97, mientras que en la calle de Palamós, en Trinitat Nova, se construirán 35.
En total, esta primera tanda suma los 179 pisos previstos para 2026.
A medida que se libere más suelo público, el consistorio prevé incorporar nuevos terrenos de zonas en desarrollo como La Sagrera o La Marina.
Los sindicatos reivindican el papel social del proyecto
La secretaria general de CCOO en Cataluña, Belén López, ha remarcado que el sindicato no pretende convertirse en promotora inmobiliaria, sino contribuir a resolver uno de los principales problemas de las personas trabajadoras.
“CCOO es el primer sindicato de Cataluña, no una promotora inmobiliaria, y quiere contribuir a resolver el que es el principal problema de la clase trabajadora: el acceso a la vivienda”, ha afirmado.
Desde UGT, su secretario general en Cataluña, Camil Ros, ha defendido que los nuevos pisos deben permitir que más personas puedan mantener un proyecto de vida en Barcelona. “Vivir en Barcelona no debe ser un privilegio de unos cuantos”, ha asegurado.
El convenio se enmarca en el Plan Viure y amplía las alianzas que el consistorio ya mantiene con otros organismos y entidades para aumentar el parque público de vivienda.
