El Ayuntamiento de Barcelona firmará contratos por un valor mínimo de 9 MEUR durante el año 2017 con Centros Especiales de Trabajo y empresas de inserción social, medio millón más de lo que se preveía el año pasado y que se ha superado con creces (9,3 millones). El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, ha apuntado que el consistorio destina la misma cantidad que la Generalitat, cuando ésta tiene un presupuesto diez veces mayor. También ha remarcado que no puede ser una cifra superior por las "restricciones" de la ley de contratación pública. En este sentido, ha pedido al gobierno español que la reforme con el fin de tener una visión "más generosa" con las empresas de carácter social y también para introducir reservas de contratación para las pymes y otros actores, como se hace en otros países.
"Es importante que haya una economía más plural y que diversos tipos de empresas puedan acceder a la contratación", ha argumentado Pisarello, que ha criticado la concepción "restrictiva" que la ley estatal tiene con respecto a las empresas de carácter social. El Ayuntamiento, ha dicho, hace lo que puede con las herramientas "limitadas" que tiene, pero es consciente de que la contratación es "la principal manera que tiene para incidir en la economía". En este contexto ha situado el decreto de alcaldía que establecerá condiciones sociales y laborales que darán puntos a las empresas que quieran acceder a un contrato municipal.