El Ayuntamiento de Barcelona quiere dar un giro a la forma en que se ejecutan las obras en la ciudad. El gobierno municipal ha anunciado la voluntad de actualizar la ordenanza de obras e instalaciones de servicios, vigente desde 1991, con el objetivo de aumentar las exigencias en seguridad, accesibilidad y calidad, simplificar los trámites administrativos e incorporar, por primera vez, un régimen sancionador específico.
La reforma prevé establecer tres tipos de infracciones —leves, graves y muy graves— con sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros en caso de incumplimientos de la normativa urbanística, o hasta 1.500 euros cuando no se respeten las condiciones de la autorización municipal para ejecutar una obra.
El anuncio llega después de una reunión entre el alcalde, Jaume Collboni, y representantes de las principales empresas de suministros que operan en la ciudad, en el marco del Plan Endreça. En el encuentro han participado responsables de Aigües de Barcelona, Nedgia, e-distribución, Red Eléctrica Española y Telefónica.
Según el consistorio, el mensaje trasladado a las compañías ha sido claro: hay que planificar mejor, coordinarse con más antelación y evitar que las calles tengan que abrirse varias veces por actuaciones sucesivas. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha reconocido que actualmente “hay margen de mejora” y que a menudo se da la situación de que una calle se reurbaniza y, poco después, se tiene que volver a levantar por trabajos pendientes de las empresas de servicios.
Como respuesta, las compañías se han comprometido a invertir cerca de 600 millones de euros hasta 2030 en la mejora de las infraestructuras de suministro en Barcelona, con actuaciones en transporte y distribución, renovación de líneas y canalizaciones, muchas de las cuales tienen un impacto directo en el espacio público.
Una ordenanza nueva, más exigente y con criterios ambientales
En cuanto a las competencias municipales, el Ayuntamiento asumirá la revisión en profundidad de la ordenanza de obras. La nueva regulación, según ha avanzado Bonet, no solo simplificará los procedimientos administrativos, sino que reforzará el compromiso ambiental del consistorio. Entre las novedades habrá la exigencia de utilizar maquinaria eléctrica siempre que sea posible, la reducción de emisiones y de ruido, el uso de materiales reciclados y la retirada de servicios obsoletos.
El texto también incorporará un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la normativa, ya que, según el gobierno municipal, hasta ahora no había suficientes incentivos para asegurar que todas las obligaciones se respetaran
Además, el Ayuntamiento prevé elaborar manuales y guías de buenas prácticas para facilitar la aplicación de la nueva ordenanza y de la normativa de paisaje urbano, especialmente en lo que respecta al cableado visible en las fachadas. Estas directrices incluirán criterios ambientales, pero también una mirada con perspectiva de género, con medidas para evitar el efecto túnel en las obras, mejorar la iluminación, reforzar la seguridad y garantizar la accesibilidad
Ventana única para evitar reabrir calles
Otro de los cambios clave será la creación de una ventanilla única municipal para gestionar todas las peticiones de acometida, tanto de servicios urbanos como de obra pública. Actualmente, según el Ayuntamiento, estos trámites son largos y complejos y a menudo acaban provocando reaperturas de calles ya urbanizadas.
La centralización de las solicitudes permitirá ordenarlas, priorizar las más urgentes y coordinar mejor las intervenciones en un mismo ámbito, con el objetivo final de reducir molestias, evitar duplicaciones y mejorar la percepción ciudadana de las obras en el espacio público.
En paralelo, el Instituto Municipal del Paisaje Urbano trabaja en una nueva guía específica para regular y ordenar el cableado de telecomunicaciones que se ha ido acumulando en las fachadas de la ciudad en los últimos años.
