Hoy ha tenido lugar una reunión entre una representación del Ayuntamiento de Badalona, encabezada por el alcalde Rubén Guijarro, y del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, con la alcaldesa Filo Cañete, para valorar las nuevas herramientas que tienen los municipios con la entrada en vigor de la Ley 1/2023 para la adopción de medidas urgentes ante las ocupaciones ilegales. En la reunión de trabajo también han participado técnicos de ambos consistorios, así como mandos de las policías locales y de los Mossos d’Esquadra.
El pasado 17 de febrero el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicaba la Ley 1/2023, del 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, con relación a la adopción de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. De este modo, los ayuntamientos pueden requerir a los grandes tenedores de pisos que en el plazo de treinta días desalojen pisos ocupados donde se lleven a cabo actividades contrarias a la "convivencia normal de la comunidad", "del orden público" o que pongan "en peligro la seguridad o la integridad del inmueble".
El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha destacado que estas reuniones de trabajo: “son muy provechosas para establecer de forma coordinada los protocolos de actuación que llevaremos a cabo desde el primer día desde los municipios y con los cuerpos policiales para combatir las ocupaciones que generan graves problemas de convivencia con el vecindario”. El alcalde ha añadido que el Gobierno municipal se ha tomado desde el primer momento muy en serio este problema y ha recordado que “según los datos del Departamento de Interior, en 2021 Badalona fue la segunda ciudad de Cataluña con más ocupaciones, con más de 570 denuncias, por eso hemos creado la unidad Domus de Guardia Urbana y trabajamos para aprovechar las competencias y herramientas que la Ley nos otorga a los ayuntamientos”. Para el alcalde esta Ley: “es una herramienta más para mejorar la convivencia y la vida de los vecinos y las vecinas porque nos permite actuar desde los ayuntamientos con mucha más celeridad ante la inanición ante ocupaciones conflictivas por parte de muchos de grandes tenedores de inmuebles”.
Ambos municipios mantendrán reuniones periódicas de coordinación.