El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado este martes que diversos estudios municipales recomiendan derribar los 50 pisos del Puerto, situados en el paseo de Josep Carner, cuando dejen de tener uso, porque “el coste y la afectación urbanística” hacen inviable la rehabilitación de los edificios.
Sin embargo, fuentes municipales han remarcado que los usos futuros de estos inmuebles todavía se tendrán que “discutir” y han asegurado que se “priorizará el derecho a la vivienda” de las familias que todavía viven allí.
Todo ello llega después de que el lunes la Sindicatura de Greuges reclamara recuperar el uso residencial de estos edificios y apostara por incorporarlos a la oferta pública de vivienda de la ciudad.
Los bloques, calificados de sistema portuario
El consistorio ha recordado que, según la planificación urbanística, los bloques están calificados de sistema portuario y son titularidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), de modo que, a corto plazo, no se pueden destinar a vivienda pública.
El Ayuntamiento ha defendido que, antes de decidir cualquier nuevo uso, hay que abordar la situación urbanística de los edificios y garantizar la continuidad de las familias que residen en ellos, y también de la actividad de los espacios que continúan en funcionamiento, como es el caso del Stella Maris.
Dos estudios, en 2021 y 2026
Fuentes municipales han detallado que la posible rehabilitación de los inmuebles se ha analizado en dos ocasiones, los años 2021 y 2026, y que en ambos casos el resultado ha sido desaconsejar esta vía por el elevado coste y por la afectación que tendría sobre la planificación urbanística. Por este motivo, el consistorio sostiene que la opción que se plantea para el futuro es el derribo cuando los edificios dejen de tener uso.
La queja de una vecina de más de 70 años
La intervención de la Sindicatura de Greuges llega a raíz de la queja presentada por una vecina de más de 70 años que vive en uno de estos pisos desde 1961 y que se encuentra en riesgo de desahucio. La institución ha reclamado una “solución residencial” para la afectada antes de que el desalojo se ejecute y ha vuelto a poner el acento en la necesidad de recuperar el uso residencial de estos edificios.
La Sindicatura ha recordado que los inmuebles se construyeron en el año 1960 para alojar a trabajadores del Puerto de Barcelona y ha señalado que, desde hace años, la Autoridad Portuaria mantiene una política de recuperación de estas viviendas, ocupadas fuera de las condiciones establecidas, con el objetivo de poner fin a su uso residencial y dejarlas disponibles para futuros usos vinculados a la planificación y la actividad portuaria.
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