La fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Impulso Ciudadano contra el hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, el ICS, el Departamento de Salud y usuarios de redes sociales por el despido y los insultos que recibió una enfermera del centro que criticó públicamente el requisito del nivel C1 de catalán para aprobar las oposiciones. La entidad presentó una denuncia por prevaricación, contra el expediente sancionador y la finalización del contrato, y por delito de odio contra los insultos que la joven recibió en las redes sociales. El ministerio fiscal no ve delito en ninguno de los hechos denunciados.
El vídeo de la enfermera B.S. se difundió entre diversas plataformas digitales y dio lugar a un aluvión de reacciones. Además a este hecho se añadía en la denuncia que un medio de comunicación había abierto una encuesta sobre si la protagonista del vídeo debía ser despedida, lo cual, según la entidad españolista es una infracción de la ley catalana de igualdad de trato y no discriminación. Igualmente se señalaba que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) no le había renovado el contrato y que la Consejería de Salud le había abierto un expediente. Según la parte denunciante, esto supone prevaricación y un delito de odio. Después de la práctica de diligencias la Fiscalía concluye que no han quedado acreditados los delitos denunciados.
Así, en relación al delito de prevaricación, se entiende que no queda suficientemente acreditado, dado que la decisión del hospital de incoar un expediente disciplinario no se considera objetivamente injusta o que sea producto pura y simplemente de la voluntad del hospital, ya que el propio contenido sustancial de la resolución puede ser explicado con una argumentación mínimamente razonable. B.S. estaba en su lugar de trabajo cuando se realizó el vídeo, vestida con el uniforme de trabajo y sin las medidas de seguridad requeridas para el cumplimiento de su labor, lo cual podía ser susceptible de incumplimiento de la normativa aplicable. La incoación del expediente se efectuó por la autoridad competente y dentro de lo que marca la ley. Tampoco se entiende que exista discriminación laboral o se haya impedido el ejercicio de ningún derecho cívico.
En relación a la comisión del delito denominado de discurso de odio, los mensajes de reacción publicados en diferentes redes sociales se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, porque no pasan de ser meras críticas al contenido del vídeo, en algunos de los casos, y en los otros contienen expresiones ciertamente ofensivas pero que debería ser la misma enfermera la que las denunciara.
