La Audiencia de Barcelona ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a tres mujeres y violó a una cuarta en Barcelona entre finales de 2020 y principios de 2021 aprovechando que iba vestido como repartidor de comida a domicilio y que había toque de queda nocturno por la pandemia.
Además, estará diez años en libertad vigilada después de salir de prisión, no podrá acercarse ni comunicarse con las víctimas entre seis y 15 años, deberá pagar 2.400 euros de multa y 70.000 euros de indemnización a las víctimas. La sentencia ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño porque el acusado ingresó 4.500 euros para las víctimas. La fiscalía pedía 36 años de prisión.
En el primer caso, el 29 de noviembre de 2020, sobre las 21.30 horas, Johan Felipe H.P., accedió a un edificio de la calle Girona aprovechando que una chica salía a tirar la basura. El hombre esperó a la mujer dentro del portal y cuando la joven iba a subir las escaleras para volver a casa, la abordó por sorpresa, y le tocó los pechos y la zona genital por encima de la ropa "de forma brusca". La chica empezó a gritar pidiendo ayuda, y el asaltante se marchó rápidamente.
El 18 de enero, sobre las 15.45 horas, el hombre entró en un portal de la calle Valencia siguiendo a una vecina que volvía a casa. La joven preguntó al hombre a qué piso iba, y éste, de repente, la agarró "fuerte" por la pierna y el culo y empezó a bajarle los pantalones. La mujer reaccionó rápidamente y consiguió subirse la ropa y apartar al acusado, que se marchó.
Cuatro días después, sobre las 21.30 horas del 22 de enero, el repartidor volvió a entrar en una finca de la calle Santaló detrás de una adolescente de 16 años. Cuando ésta iba a subir las escaleras para ir a casa, el encausado fue tras ella y le tocó el culo hasta llegar al pubis. La joven se giró inmediatamente y el hombre se marchó rápidamente.
El mismo día, pero una hora después, entre las 22.30 y las 23 horas, volvió a entrar en un portal de la avenida Sarrià detrás de una vecina. Ambos subieron al ascensor, donde el acusado abordó a la mujer, le bajó los pantalones y la ropa interior y le introdujo dedos en el ano y la vagina, a pesar de la negativa de la chica. Paralizada por el miedo a morir, sólo podía decir al acusado que parara, e incluso le pidió perdón por no colocarse correctamente según las indicaciones del asaltante. Éste grabó los hechos con el teléfono móvil y el vídeo se encontró en el aparato del acusado. Al cabo de unos momentos, el hombre se marchó. El hombre fue arrestado pocos días después por los Mossos y el 26 de enero ingresó en prisión provisional. Las cuatro víctimas aún sufren secuelas psicológicas importantes.
Aunque inicialmente había una posible quinta víctima, la falta de pruebas hizo que la fiscalía retirara la acusación. La fiscal ha solicitado que el ADN del acusado se ponga en las bases de datos policiales por si hay otros casos relacionados, cosa que el tribunal ha aceptado.
En la argumentación de la sentencia, el tribunal ha dado plena credibilidad a las víctimas y a los informes policiales de los Mossos que apuntaban claramente al acusado, que sólo reconoció parcialmente alguno de los hechos. Además, los magistrados han tenido en cuenta también la nueva legislación sobre violencia sexual, la ley del 'sólo sí es sí', que consideran que es algo más favorable que la anterior. Por ello, condenan al hombre a un año de prisión por cada una de dos de las agresiones sexuales, un año y tres meses para la otra agresión, cinco años de prisión por la violación y tres años por el delito contra la intimidad por grabar el cuarto asalto.
En 2013 el joven, que entonces tenía 23 años, cometió un intento de homicidio, lesiones y amenazas y a la autoridad en Chile, país que lo expulsó, ya que es de origen colombiano. Los antecedentes constaban en la Interpol, y por eso el Estado comenzó los trámites para expulsarlo justo cuando fue arrestado. A pesar de ello, por un error administrativo de la Policía Nacional, se le adjudicó un NIE diferente, y con este segundo NIE pidió ser pareja de hecho de una chica, con el fin de conseguir el permiso de residencia y poder alegar su supuesto arraigo y así no ser expulsado. El hombre ha ingresado 4.500 euros en la cuenta judicial en favor de las víctimas para que se le pueda aplicar la atenuante de reparación del daño.
