Un juzgado penal de Barcelona ha absuelto a 19 de los 21 activistas juzgados por el desalojo del llamado Bloc Llavors de Barcelona en mayo de 2021 y ha impuesto multas de 1.080 euros a los otros dos por resistencia grave a la autoridad. Al final del juicio la fiscalía ya había retirado la acusación contra 9 de los juzgados y a los otros 12 les retiró los delitos de atentado contra la autoridad, daños y lesiones. De esta manera, la petición total de pena pasaba de 35 a 12 años de prisión por resistencia y de 187.000 a 40.400 euros de multa. La sentencia solo condena a dos de los acusados a multas muy menores y absuelve al resto.
El desalojo fue el 25 de mayo de 2021, el día después de la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Por eso, en paralelo a la ejecución del desahucio, algunos grupos ocuparon la sede de ERC. Aquel día centenares de personas se concentraron para impedir el desalojo de tres vecinos del bloque del número 38 de la calle de Lleida, en el barrio del Poble-sec. El edificio se convirtió en un símbolo de resistencia y fue bautizado como Bloc Llavors.
El escrito de acusación provisional del ministerio fiscal recogía delitos de desobediencia grave, atentado contra agentes de la autoridad, coacciones graves y, en algunos casos, daños y lesiones. Por su parte, la Generalitat de Cataluña, como acusación particular, ha seguido reclamando una indemnización de 20.135 euros, principalmente por los desperfectos con pintura en las furgonetas y uniformes de las unidades ARRO y Brimo que participaron en el desahucio.
El caso se remonta a 2016, cuando Vauras Investments, un fondo de inversión con capital finlandés, compró el edificio y fue comunicando a los vecinos que lo tenían que abandonar. En agosto de 2017, seis de los pisos fueron ocupados y entraron a vivir familias vulnerables. Lo que se bautizó entonces como Bloc Llavors resistió a cuatro intentos de desahucio.
En febrero de 2021, el juzgado decretó un desahucio con fecha abierta, que se efectuó el 25 de mayo. Aquel día, unas 40 personas se opusieron al desahucio desde dentro del edificio, una sesentena desde el portal y más de un centenar al otro lado del cordón policial, donde hubo cargas.
En febrero de 2022, a raíz de la detención de cuatro personas, los abogados de Alerta Solidaria se enteraron de que estaba llevando el caso la Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos (UCIEV), subordinada al Área Central de Información de los Mossos d'Esquadra.
En el escrito de acusación, la fiscalía afirmaba que los activistas estaban “perfectamente organizados en su objetivo de conseguir frustrar la actuación policial y evitar que se cumpliera la orden judicial de desahucio”. Además, decía que utilizaron “vallas metálicas de obra unidas entre ellas para formar una barrera para impedir y dificultar a los policías el acceso al edificio”, “un somier metálico fijado a un colchón para usarlo como escudo o ariete contra los agentes” además de botellas con pintura y huevos y harina.
