Seis agentes de los Mossos d'Esquadra han sido condenados por delitos de lesiones, torturas y contra la integridad moral de dos jóvenes a los que acosaron después de huir de un control policial. Los agentes han sido condenados a más de 4 años de prisión, han sido inhabilitados y no podrán seguir ejerciendo como policías y, además, deberán pagar una indemnización de más de 90.000 euros por lesiones y daños morales a las víctimas.
Así lo ha establecido la Audiencia de Barcelona en un caso que se remonta al 23 de abril de 2016 en Cerdanyola del Vallès. Un coche patrulla y un vehículo de apoyo de los ARRO (antidisturbios) iniciaron una persecución contra un vehículo donde viajaban dos amigos, de 21 y 23 años en aquel momento, que se habían saltado un control policial.
Durante la huida, el vehículo de los jóvenes acabó estrellándose contra un muro en un camino de tierra, y cuando salieron del coche y los Mossos les pillaron, empezaron unos hechos que la Audiencia califica de abuso de autoridad y de tortura.
El juicio se celebró hace un año, pero nunca salió a la luz hasta ahora. Los jóvenes y los agentes defendían dos posiciones totalmente opuestas, pero el juzgado ha dado la razón a los jóvenes.
Según relatan, las víctimas recibieron puñetazos, patadas e insultos incluso cuando ya habían sido esposados por los agentes, que, a su vez, defendían que las lesiones las habían sufrido por culpa del airbag en el momento de chocar contra el muro.
La sentencia, de más de 160 páginas, tal como recoge 'elDiario.es', da la razón a los jóvenes, que mantuvieron un relato "detallado, persistente y no contradictorio" desde el momento de su detención hasta que se celebró el juicio. Los informes médicos también estaban de su parte.
El tribunal destaca que fue "una agresión, intimidación y humillación totalmente gratuita e injustificada". Uno de los agentes dio un golpe en el ojo a uno de los dos jóvenes cuando salía del coche. Al otro empezaron a darle patadas cuando ya estaba en el suelo, de rodillas. Ninguno de los jóvenes pudo huir ni intentó "resistirse" a la detención, encontrándose en una situación total de indefensión ante los agentes, que les superaban en número.
Asimismo, el tribunal cree la versión de los jóvenes, que se vieron, una vez esposados, estirados en el suelo boca abajo, con "los pies metidos por dentro de las esposas, con las piernas dobladas en ángulo recto hacia arriba".
Uno de los jóvenes ha sufrido problemas psicológicos durante años y llegó a sufrir un brote psicótico. El joven explica que "estaba estirado boca abajo, me levantaban, les decía que me dejaran, pero uno de los mossos me dio una patada en la cabeza desde atrás y me dijeron 'os enterraremos vivos, sois unos hijos de puta'". En este punto, los magistrados dan por probada la "tortura", ya que los agentes "abusaron de su cargo, emplearon un uso excesivo e injustificable de violencia".
Los magistrados se muestran "impresionados" por las declaraciones de los mossos, que aseguran que las heridas fueron provocadas por el airbag. El tribunal considera que es imposible que los agentes no vieran a los chicos sangrando y que sus heridas en ningún caso coinciden con unas lesiones provocadas por el airbag. Consideran también que no se entiende que no llamaran a una ambulancia. De hecho, fueron los mismos agentes quienes trasladaron a los jóvenes a un hospital. Todo esto hace pensar a los magistrados que sus testimonios eran "poco fiables". Según indican en la sentencia, la paliza policial sólo "buscaba provocar terror psicológico en los jóvenes".
Las defensas de los agentes recurrirán la sentencia que condena a cinco de los agentes a cuatro años y cuatro meses de prisión; y al sexto agente a cinco años y cinco meses y 15 días de prisión. Además, deberán indemnizar a los jóvenes con 90.152 € por lesiones y daños morales y todos ellos han sido inhabilitados y no podrán seguir ejerciendo como policías. Con todo, los magistrados han tenido que reducir la pena por el retraso acumulado en la causa, que estuvo paralizada durante cuatro años en los juzgados de Cerdanyola y un año más de espera para celebrarse el juicio en la Audiencia de Barcelona.
Hasta el juicio, es decir, durante los seis años posteriores a los hechos, la Generalitat no tomó ninguna medida contra los agentes, que continuaron trabajando sin suspensiones de empleo y sueldo. Ahora, con la sentencia, el Departamento de Interior sí que ha anunciado la apertura de un expediente con medidas que se detallarán en los próximos días.