Un joven ha aceptado este jueves la pena de un año de prisión y dos sin poder subir al metro por unos grafitis que hizo en varios vagones en marzo de 2018. El acusado entró de madrugada con 10 personas a la estación de Mercat Nou y cuando el convoy se detuvo empezaron a hacerle pintadas. Cuando la policía intervino, sus compañeros huyeron pero él fue detenido. Hoy, en el juicio, ha alegado que padece un trastorno esquizofrénico y que aquella noche actuó impulsado por los efectos de la enfermedad. La fiscalía lo ha aceptado y ha rebajado la petición de pena que hacía: de 6 años de prisión a solo uno. Todas las partes lo han avalado y acto seguido se le ha suspendido la condena porque no tiene antecedentes penales y la pena es inferior a dos años.
El juicio estaba previsto para esta mañana, pero las partes han llegado finalmente a un acuerdo de conformidad.
Así, el acusado ha entrado y, sabiendo que le iban a rebajar la pena, ha reconocido los hechos que le imputaba la fiscalía: que el 18 de marzo de 20018 entró con un grupo de diez encapuchados en el metro, que hicieron varios grafitis, que por eso se detuvo el tráfico del metro, que increparon a los pasajeros que se quejaban de la situación, que les lanzaron algún bote de pintura y que utilizando un encendedor y un spray hicieron una llamarada para intimidarlos.
La acusación de la fiscalía concretaba también que fueron cuatro los vagones afectados y cifraba en 8.150 euros el coste de los desperfectos, según los peritajes que se hicieron.
El fiscal consideraba que todo ello suponía un delito de desórdenes públicos, por lo que pedía 4 años de prisión, y uno de daños al mobiliario público, por lo que pedía 2 años y 6 meses más.
Pero con la alegación de que padecía un trastorno psíquico, la acusación particular ejercida por Transports Metropolitans de Barcelona y la fiscalía han rebajado las penas a 6 meses por cada delito: un año en total. También se le ha impuesto una multa de 540 euros, la prohibición de entrar en el metro durante dos años y el pago de 2.500 euros por los desperfectos, a pesar de que estaban cuantificados en 8.150 euros inicialmente. También ha contribuido a la reducción de la pena que el tribunal tardó más de 18 meses en programar el juicio y se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.
El juez ha dictado sentencia en voz alta ante las partes y acto seguido la defensa ha pedido que se suspendiera la pena de prisión por ser inferior a dos años y porque el ya condenado no tiene antecedentes penales. Las partes han accedido poniendo como condición que siga el tratamiento médico que está haciendo y que lo acredite ante el tribunal cada seis meses.
