El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la Generalitat de Cataluña y el Arco Metropolitano impulsarán conjuntamente la construcción de 1.500 viviendas de alquiler social o asequible en suelo público en los municipios del Arco. Así se ha acordado en el protocolo que esta mañana han firmado la ministra Raquel Sánchez, la presidenta de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés y el Secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, Carles Sala.
El acuerdo establece que los ayuntamientos, en coordinación con la Generalitat, pondrán a disposición el suelo donde se ubicarían las promociones e informarán al Ministerio sobre el coste que implica construir las viviendas. El MITMA, por su parte, hará aportaciones económicas que se concretarán con convenios posteriores vinculados a cada proyecto en los 9 municipios que forman el Arco Metropolitano: Mataró, Granollers, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.
La alcaldesa de Sabadell y presidenta del Arco Metropolitano, Marta Farrés, ha remarcado que "el acuerdo muestra la disposición del Ministerio y la Generalitat para buscar consenso y ayudar a los ayuntamientos que formamos parte del Arco a encontrar soluciones. Y es que hacer políticas públicas de vivienda quiere decir combatir las desigualdades y dar a la ciudadanía una vida más digna, una vida de calidad en una vivienda pública".
La ministra, Raquel Sánchez, ha remarcado que "valoro especialmente el esfuerzo hecho para poneros de acuerdo, que es la mejor muestra de la política útil que se practica desde los ayuntamientos". Con este acuerdo, ha comentado la ministra, "iniciamos el primer paso para construir 1.500 viviendas de alquiler asequible, que se edificarán preferentemente en suelo público" y ha explicado que el Ministerio hará una aportación de "5,3 millones de euros, con la previsión de que esta asignación se prorrogue los próximos años". Por lo tanto, se irían ampliando a medida que avance la construcción de viviendas.
Por su parte, el Secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat, Carles Sala, ha agradecido "el diálogo tanto del ministerio como de los ayuntamientos", en el sentido de que contribuirán a avanzar en este ámbito. "Las políticas públicas de vivienda están en la primera línea de debate político pero todavía no están en la primera línea presupuestaria", ha comentado. Con el protocolo se quiere contribuir a dar respuesta a las necesidades actuales en materia de vivienda. Según los estudios del MITMA, el Arco Metropolitano es uno de los ámbitos territoriales donde existe un desajuste acusado entre la evolución de los precios de la vivienda y las posibilidades de acceder, en un contexto donde la oferta asequible es insuficiente para atender la demanda. Precisamente la vivienda es una de las principales líneas de trabajo de la Asociación del Arco, que ha priorizado actuaciones que sumarían unos 1.500 nuevos pisos en sus municipios. El objetivo del Protocolo firmado hoy es colaborar para hacerlos posibles.
El acuerdo se enmarca en las políticas que tanto el MITMA como la Generalitat y los Ayuntamientos están impulsando en materia de vivienda. Así, entre otras cuestiones, el Ministerio está desarrollando el "Plan de Viviendas para el alquiler asequible", para aumentar las viviendas destinadas a personas con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que el mercado esté específicamente tensionado. Por su parte, dentro de las acciones para la construcción de pisos, la Generalitat fomenta diferentes programas y el Arco Metropolitano tiene en facilitar el acceso a la vivienda a sus municipios una de sus máximas prioridades.
Para avanzar en el cumplimiento del Protocolo, se contempla la creación de una Comisión de Seguimiento con representantes de cada una de las partes. Está previsto que en la primera reunión de la Comisión, que debería celebrarse en un plazo máximo de tres meses, Generalitat y Arco Metropolitano presenten la relación de suelos de titularidad municipal que dentro de su ámbito estarían calificados como residenciales o dotacionales para uso de vivienda.
