Andorra tiene, desde diciembre de 2024, una ley que regula el juego a través de internet y que aún no se ha desplegado del todo. La Ley 14/2024, del 7 de noviembre, de los juegos de azar, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Andorra el 4 de diciembre, creó una categoría propia para los operadores que explotan juegos por medios electrónicos. El vacío es administrativo antes que legislativo: el juego en línea en Andorra ya tiene una figura jurídica prevista, pero ninguna empresa puede pedir la licencia porque el reglamento que debe fijar los requisitos no se ha desplegado.
Hay, pues, una autoridad de control plenamente operativa, el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), que otorga licencias, publica cada año la lista de operadores autorizados e inspecciona los establecimientos. Y hay una parte del sector, la digital, sobre la cual todavía no hay ningún procedimiento de licencia abierto.
Una ley aprobada y un reglamento que no llega
La Ley 14/2024 toma el relevo del texto consolidado de regulación de los juegos de azar de 2021, la Ley 4/2021, y ordena el sector en licencias mayores y menores, clasificando los operadores por categorías según el tipo de juego y el canal donde lo ofrecen. Las primeras categorías corresponden al juego presencial: el casino, el bingo, las máquinas de premio, las loterías y las apuestas mutuas. La categoría 4 solo existe en línea, y cubre las apuestas de contrapartida, las apuestas cruzadas, los juegos de mesa y las máquinas de azar operadas por internet. En la nomenclatura de la ley, estas licencias digitales llevan la arroba: clase C@ y clase D@.
Para que las categorías pasen del papel a la práctica, el texto remite a un desarrollo posterior. La disposición adicional primera encarga al Gobierno el desarrollo reglamentario, y es este reglamento el que debe concretar qué debe acreditar un operador digital, qué garantías debe depositar, cómo se deben verificar la edad y la identidad de los jugadores y qué controles técnicos debe superar la plataforma. Sin esta pieza, la categoría existe pero no se puede solicitar. El CRAJ mantiene publicados los impresos de solicitud de las licencias que ya funcionan, del casino a las apuestas deportivas y los distribuidores, y no hay ninguno para la categoría que la ley reserva al juego digital.
El juego presencial, mientras tanto, va a otro ritmo. El Gran Casino Andorra, integrado en el centro de ocio Unnic de la calle Prat de la Creu, cerró 2024 con 9,7 millones de euros de ingresos sumando todas las áreas del complejo, un 42% más que el año anterior, y más de 253.000 personas accedieron al recinto. Aquella parte del sector opera con una licencia de clase A y un titular identificable a quien el regulador puede inspeccionar. La parte digital, en cambio, todavía espera su reglamento.
Mientras falta el reglamento, el juego en línea en Andorra depende de licencias de fuera
Jugar en línea desde el Principado no infringe ninguna norma: la ley regula la actividad de los operadores y no prohíbe al jugador el acceso a las plataformas. Lo que todavía no ha llegado es el reglamento que debe permitir pedir la licencia andorrana de la categoría digital. Por eso las plataformas donde juegan los residentes operan con autorizaciones de otras jurisdicciones, sobre todo de Malta y de Curazao, y responden ante aquellos reguladores.
Cuando la referencia deja de ser el Boletín Oficial del Principado de Andorra, saber quién hay detrás de una plataforma pasa a depender de fuentes privadas. Muchos usuarios recurren a comparadores de casinos en línea en Andorra para ver bajo qué licencia extranjera opera cada operador, que en este caso es la de Curazao. Sirve para orientarse, pero no hace el trabajo de un registro público: la Ley 14/2024 de los juegos de azar reserva al Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ) el otorgamiento de licencias para operar en el Principado o desde el Principado, y mientras no haya operadores en línea licenciados aquí, una reclamación sobre un pago, sobre las condiciones de una promoción o sobre el cierre de una cuenta se debe tramitar ante el regulador que haya emitido la licencia.
El vacío también llega a las herramientas de protección. El registro voluntario de prohibición de acceso, que permite a una persona pedir que no la dejen entrar en los establecimientos de juego del Principado, está pensado para el mundo presencial. Este año se han inscrito 62 personas. Ninguna plataforma extranjera está obligada a consultar esta lista.
Qué dice exactamente la Ley 14/2024
El texto publicado en el Portal Jurídico del Principado configura la licencia como una autorización administrativa intuitu personae, es decir, vinculada a quien la recibe y no transmisible libremente, y atribuye al CRAJ la potestad de otorgarla, suspenderla y revocarla. También fija las bases de tributación y los tipos de gravamen por categoría. El legislador decidió, por tanto, cómo debía tributar un operador en línea antes de que hubiera ninguno.
Este orden importa a la hora de valorar el retraso. El Consell General ya resolvió en noviembre de 2024 el debate sobre si el juego digital debía permitirse, y lo que queda pendiente es el instrumento técnico que hace ejecutable aquella decisión. Mientras no llegue, la supervisión de las plataformas donde juegan los residentes continúa en manos de reguladores de fuera del Principado.
El director del CRAJ, Xavier Bardina, lo situó como la prioridad del organismo en unas declaraciones a RTVA el pasado 3 de abril. Las adicciones al juego, explicó, se concentran mucho más en el entorno en línea que en el presencial, y el fenómeno de los jóvenes que se descargan aplicaciones de apuestas es especialmente difícil de controlar. "Tarde o temprano, yo creo que pronto, tendremos que hacer alguna regulación", añadió. El organismo ha organizado este año su primera jornada de concienciación sobre juego responsable, con participación del sector público y del privado.
De momento, el reglamento que debe desarrollar las licencias de juego en línea no tiene fecha de aprobación anunciada.
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