El sector turístico de Andorra afronta un escenario de gran incertidumbre. Con la inminente aplicación del sistema europeo de control de fronteras Entry/Exit System (EES), diversas empresas del ramo alertan que podrían quedarse sin un volumen significativo de temporeros —el personal clave para poder afrontar la temporada de invierno. A pesar de ello, la reacción del Gobierno andorrano ha sido hasta ahora descrita por el sector como “tímida” y demasiado retrasada
Según ha manifestado esta semana la Unió Hotelera, la nueva normativa podría hacer que hasta el 50 % de los temporeros contratados habitualmente no puedan acceder a los papeles necesarios, o vean condicionada su llegada. Esto en un momento en que la temporada de invierno está a la vuelta de la esquina y, además, es vista como una apuesta importante de recuperación después de los años de pandemia y restricciones.
Una de las claves de la preocupación radica en el hecho de que la normativa del EES —que regula la entrada y salida de nacionales de países terceros al régimen Schengen— ya está prevista por la European Commission para entrar en funcionamiento el 12 de octubre de 2025 y alcanzar plena aplicación el 10 de abril de 2026.
En Francia, por ejemplo, ya se indica que el sistema se debe desplegar gradualmente a partir de esta fecha. Pero en el caso de España, a pesar de su condición de miembro del espacio Schengen, también figura entre los estados que desplegarán el sistema y se ha publicado que se anticipaba un primer 'pilotaje' o aplicación inicial desde el aeropuerto de Madrid.
El punto de extrañeza para el sector de Andorra es el siguiente: a lo largo de las negociaciones con Europa y según se había dicho públicamente, existían ciertas expectativas de que los países vecinos –España y Francia— podrían conceder vías de flexibilidad o moratoria a minorías o territorios especiales mientras Andorra desarrollaba su propia regulación. Pero la realidad es que no hay datos públicos sólidos que confirmen que España o Francia hicieran un compromiso formal de no aplicar el sistema hasta que Andorra estuviera preparada. Esto deja a la Administración y al sector turístico en el Principado en una posición vulnerable: afectados antes de haber definido completamente los protocolos internos y la coordinación transfronteriza.
Por lo tanto, la llamada del sector es doble. Por un lado, exige al Gobierno que active de manera urgente un planteamiento estratégico para garantizar la contratación adecuada de temporeros —incluidos los contratados en origen— y que diseñen mecanismos compensatorios si la normativa hace inviable la entrada de trabajadores. Por otro lado, se reclama que se exija una mayor claridad a España y Francia sobre cuál será la incidencia para los trabajadores que se trasladan temporalmente a Andorra, teniendo presente que su situación puede depender de trámites fronterizos o gestiones administrativas externas.
La respuesta hasta hoy ha sido claramente insuficiente. La Administración ha comunicado estar informada del problema y tener conversaciones con el país del sur, pero no se ha visto todavía una planificación ágil, detallada y comunicada para el conjunto del sector turístico. En un momento en que la temporada de invierno podría alcanzar ocupaciones cercanas al 90% o hasta el 100%, según las mismas previsiones del sector, empezar con un déficit de personal podría debilitar la calidad del servicio, la rentabilidad empresarial y por supuesto la imagen que se da como país.