El Gobierno de España ya ha dado luz verde a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual) que pretende "regular" cualquier contenido emitido en Twitch, YouTube o plataformas de streaming similares. No solo eso, sino que será igual si los creadores de contenido viven en Andorra, Europa o al otro lado del mundo, ya que la medida también pretende combatir todas las espantadas del país para pagar menos impuestos. El lugar de residencia dejará de importar y se considerará establecidos en España a todos aquellos con algún tipo de vínculo con el país o su economía. Vínculos que pueden reducirse al simple hecho de grabar y emitir contenidos para consumidores españoles.
La intención del Gobierno es equiparar a los streamers con las cadenas de televisión y los medios de comunicación, estipulando un código de conducta que aborda temas como "salud pública", "dignidad de la mujer" y "protección contra la desinformación". En caso de no cumplir con esto, la administración podrá multar a los creadores directamente e incluso cerrar su canal sin necesidad de establecer ningún diálogo con la plataforma en la que trabajen y sin tener en cuenta las normas de esta. A su vez, aquellos canales y espacios más afines a lo que se establece podrán aspirar a nuevas subvenciones y ayudas.
Los streamers e influencers deberán inscribirse en el Registro y tomar medidas "destinadas a proteger a los menores" siempre que (1) obtengan unos ingresos significativos a través de sus emisiones, (2) sean responsables editoriales de sus contenidos, (3) consigan a un público general y tengan impacto sobre él, (4) pretendan informar, entretener o educar a través del audiovisual, y (5) siempre que la actividad se desarrolle sobre redes de comunicación españolas o siempre que el usuario se encuentre viviendo en España.