El PS presenta 31 enmiendas a la ley del voluntariado para reforzar derechos y garantías en Andorra

Las propuestas reclaman evitar que el voluntariado sustituya trabajo remunerado, ampliar la protección de las personas voluntarias y reforzar la transparencia de las entidades

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20 de noviembre de 2026 a las 11:24h
La presidenta y consejera general del grupo parlamentario socialdemócrata, Susanna Vela | FOTO: Consell General
La presidenta y consejera general del grupo parlamentario socialdemócrata, Susanna Vela | FOTO: Consell General

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La presidenta y consejera general del grupo parlamentario socialdemócrata, Susanna Vela, ha presentado 31 enmiendas al proyecto de ley del voluntariado de Andorra con el objetivo de mejorar su contenido, reforzar las garantías de las personas voluntarias y de las personas destinatarias de la acción voluntaria y asegurar que el voluntariado continúe siendo una expresión de solidaridad, participación ciudadana y cohesión social.

Las propuestas del GPS parten de la necesidad de disponer de un marco normativo que reconozca la tarea imprescindible que desarrollan las entidades y las personas voluntarias, pero que, al mismo tiempo, establezca garantías claras sobre sus condiciones de participación, sus derechos y las responsabilidades de las administraciones públicas.

Una de las cuestiones que el GPS considera fundamentales es dejar claro que el voluntariado no puede sustituir nunca el trabajo remunerado ni la prestación de servicios profesionales o servicios públicos. En este sentido, las enmiendas incorporan expresamente este principio y establecen que la colaboración entre las administraciones y las entidades de voluntariado no puede servir para exonerar los poderes públicos de las responsabilidades que les corresponden legalmente.

El grupo parlamentario también propone recuperar diferentes disposiciones de la Ley 90/2010, del voluntariado de Andorra, que considera importantes para mantener un marco de protección y fomento de la actividad voluntaria. Entre estas medidas destaca la recuperación del Plan Nacional de Promoción del Voluntariado, que el Gobierno debería elaborar cada cuatro años y evaluar anualmente, dando cuenta al Consejo General. También se propone recuperar la posibilidad de declarar entidades de voluntariado de utilidad pública y reforzar los mecanismos de colaboración entre las administraciones y las organizaciones del sector.

En cuanto a las personas voluntarias, las enmiendas quieren ampliar y concretar sus derechos, especialmente en materia de formación, información, seguros, seguridad, protección de datos y apoyo emocional o terapéutico cuando sea necesario. También se propone reforzar las obligaciones de las entidades, recuperando instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, como la presentación de una memoria técnica anual y mecanismos de auditoría de las aportaciones públicas que reciben.

Otro de los ámbitos destacados es el de la inclusión. El GPS plantea mejorar la regulación de la participación de las personas con discapacidad y de las personas con necesidades específicas de carácter funcional o de accesibilidad. Las enmiendas establecen que las entidades deben facilitar los ajustes razonables, los apoyos personales y técnicos y las medidas de accesibilidad necesarias para que todos puedan participar en condiciones de igualdad. Además, se quiere evitar que las necesidades de acompañamiento o asistencia se confundan con una limitación de la capacidad jurídica de las personas.

En materia de protección de datos, el grupo socialdemócrata incorpora garantías específicas para evitar la recogida y difusión de datos personales que no sean estrictamente necesarios. Esto afecta, entre otras cuestiones, a la identificación de las personas voluntarias, la gestión de los datos de los destinatarios, el voluntariado digital y la verificación de los antecedentes penales en actividades que comporten contacto habitual con niños y adolescentes.

Las enmiendas también recuperan la priorización de las actuaciones dirigidas a las personas y colectivos con más necesidades, así como los derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria.

Finalmente, el GPS propone reforzar el papel de la Comisión Nacional del Voluntariado (CNV), incorporando nuevamente la representación directa de las personas voluntarias, con hasta cuatro representantes, y estableciendo que elabore y publique un informe anual sobre el estado del voluntariado en Andorra. También se plantea recuperar la posibilidad de recurrir a procedimientos de mediación para resolver los conflictos entre las personas voluntarias y las entidades.

Con este conjunto de propuestas, el grupo parlamentario socialdemócrata quiere contribuir a disponer de una ley más completa, garantista y adaptada a la realidad del tejido asociativo del país. El voluntariado es un valor esencial de la sociedad andorrana y es necesario protegerlo, reconocerlo y facilitar su desarrollo, sin trasladar a las personas voluntarias responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas.

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ANA
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