El presidente suplente del grupo parlamentario socialdemócrata, Pere Baró, ha cuestionado a la ministra de Salud, Helena Mas, respecto a la Unidad de Conductas Adictivas (UCA). Baró acusa al Gobierno de que las actuaciones del ejecutivo en materia de salud mental y el Plan Integral de Salud Mental (PISMA) se contradicen. En particular, ha denunciado un incremento significativo de la ratio de pacientes por profesional en la UCA, sin que ello haya ido acompañado de un refuerzo proporcional de los recursos humanos. Según ha expuesto Baró, la ratio ha pasado de 73 a 88 usuarios por trabajador en los últimos años. Por su parte, la ministra de Salud, Helena Mas, ha defendido que el servicio funciona adecuadamente y ha atribuido parte de las críticas a “alguna asociación que intenta que los usuarios pierdan la confianza” en la unidad, así como acusar al consejero de hacer discursos "alarmistas" que ponen en peligro esa misma "confianza". Baró ha puesto en duda la planificación, la coordinación y la suficiencia de recursos del sistema de atención a las adicciones.
El consejero ha criticado que, a pesar de este aumento de la presión asistencial, el Gobierno no prevea reforzar el personal de la unidad a corto plazo. Una afirmación que la ministra no ha desmentido, insistiendo en que el funcionamiento actual de la UCA es correcto. Mas ha asegurado que el servicio se ajusta a las directrices del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones (PISMA), elaborado conjuntamente con los profesionales del país y con el usuario como eje central del tratamiento, a pesar de reconocer que su implementación se inició con retraso.
Baró ha alertado de que los datos disponibles evidencian una situación preocupante, especialmente entre la población joven. Ha citado la encuesta nacional que muestra un consumo de riesgo elevado entre los jóvenes de 15 a 24 años, con un porcentaje del 18,2%, especialmente entre las chicas. En este contexto, ha defendido que la UCA debería ser no solo un servicio asistencial, sino también un instrumento de prevención y de planificación de políticas públicas.
No obstante, según las cifras facilitadas por el propio Ministerio en respuesta a preguntas escritas del grupo socialdemócrata, la actividad de la UCA ha aumentado de manera exponencial sin un incremento equivalente de los recursos humanos. En cinco años, los casos atendidos han crecido en 296, un incremento del 50,8%, mientras que la plantilla solo ha aumentado en dos profesionales, un 25%. Esto ha provocado que la ratio haya pasado de 73 a 88 pacientes por recurso, con un incremento del 20% de la carga asistencial.
Para Baró, el hecho de que el servicio cumpla el plazo de siete días entre la solicitud y la primera visita no puede justificar la falta de refuerzo de recursos. “Cuando aumenta el número de pacientes por profesional, la calidad del seguimiento se resiente inevitablemente”, ha advertido, insistiendo en que la cantidad de actos asistenciales no puede sustituir la calidad de la atención.
En este sentido, Baró ha advertido de que, en un contexto de aumento de casos, los horarios actuales no se adaptan lo suficiente a la realidad social y laboral del país, ni a la emergencia que representan las adicciones. La ministra de Salud ha rechazado esta visión y ha detallado que la UCA dispone de varios dispositivos: consultas externas abiertas hasta las siete de la tarde dos días a la semana, un hospital de día con horario de nueve a cinco, y otros recursos complementarios como urgencias y equipos comunitarios fuera de estas franjas.
En cuanto a las recaídas, Baró ha denunciado una falta de coordinación y ha alertado de que la reducción de intensidad asistencial en estos casos puede romper la continuidad del tratamiento en el momento de mayor riesgo. Mas ha negado que se produzcan expulsiones y ha explicado que, en el modelo de alta exigencia del hospital de día, una recaída comporta un cambio temporal de recurso para adecuarlo al estado clínico de la persona y preservar el proceso terapéutico del grupo, insistiendo en que las recaídas forman parte del proceso, pero requieren respuestas diferenciadas.
Los internamientos en el extranjero y el futuro centro de La Seu d'Urgell para usuarios no crónicos
La presidenta del grupo parlamentario de Andorra Endavant, Carine Montaner, ha preguntado sobre los internamientos por salud mental fuera de Andorra, recordando que ya en 2015 el país destinaba cerca de 800.000 euros anuales a ingresos en el extranjero, principalmente en Barcelona, y ha subrayado las dificultades económicas y emocionales que esto suponía para las familias. En respuesta, Helena Mas ha actualizado el estado del proyecto del futuro centro de salud mental de La Seu d'Urgell, que se desarrolla en colaboración con el Hospital Benito Menni. La ministra ha explicado que actualmente se está trabajando tanto en las obras de infraestructura como en el proyecto funcional y la definición de los equipos profesionales. El centro, previsto para entrar en funcionamiento en 2027, permitirá acoger a pacientes andorranos que actualmente están ingresados fuera del país.
Mas ha precisado que se tratará de un recurso para estancias temporales, especialmente para casos subagudos, con duraciones que pueden ir de uno a doce meses, pero no pensado para internamientos de por vida. Paralelamente, el Gobierno trabaja en otros proyectos complementarios, como los pisos tutelados de la avenida de Enclar.
A raíz de una pregunta de la consejera de Concòrdia, Núria Segués, la ministra ha detallado los mecanismos actuales de coordinación para los pacientes ingresados en el extranjero. Ha destacado el papel de la comisión de alta complejidad, creada en la legislatura pasada, en la que participan el SAAS, Asuntos Sociales, el Ministerio de Salud y otros actores implicados. Esta comisión hace el seguimiento de los casos, coordina los centros externos y planifica el retorno de los pacientes, con protocolos específicos que incluyen el seguimiento clínico, social y residencial antes de su reincorporación al país.