La Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (APBI) expresa su preocupación por las medidas propuestas por la Coordinadora para la viviendadigna y remarca la importancia de encontrar soluciones "efectivas y equilibradas para afrontar la problemática de la vivienda". En un comunicado emitido este miércoles, la entidad considera que la convocatoria de movilizaciones y, en especial, el llamamiento a huelgas de alquileres o una huelga general, "no sólo no resolverá el problema", sino que provocará "consecuencias negativas para toda la población".
La APBI recuerda a los impulsores de la Coordinadora que el derecho a manifestarse "debe ejercerse dentro del marco de la legalidad". En este sentido, afirman que plantear una huelga de alquileres "es una ocurrencia demencial", ya que "hacer un llamamiento a incumplir un contrato de alquiler, acción que la Coordinadora anima a adoptar y a promoverla como medida, aboca a las personas a incurrir en una ilegalidad".
A su vez, la APBI asegura que se trata "de un hecho grave y peligroso que conllevaría el impago de la renta y, por tanto, la rescisión del contrato, tal y como indica la ley", por lo que el hecho de que públicamente se haga un llamamiento a instar acciones como esta "es una irresponsabilidad", sentenció. También aseguran que esta propuesta, en caso de que se haga realidad, "tendrá el efecto contrario al deseado", ya que genera incertidumbre y desincentiva a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. "Esto reduciría aún más la oferta disponible y dificultaría aún más el acceso a una vivienda para los inquilinos", añaden.
En el escrito, la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles alertan de que "actitudes radicales y maximalistas carentes de la necesaria representatividad democrática —800 encuestados y 250 personas favorables a acciones contundentes— no pueden forzar ninguna decisión de Gobierno ni del Consejo General en ningún sentido".
Por otro lado, ponen de relieve que una huelga general podría afectar negativamente al tejido económico andorrano, perjudicando tanto a empresarios como a trabajadores, especialmente en sectores clave como el comercio y el turismo. En un país que depende en gran parte de estos sectores, la paralización de la actividad económica "no sólo no ayudaría a resolver el problema de la vivienda, sino que podría poner en peligro puestos de trabajo y empeorar la situación de muchas familias en particular y de Andorra en general".
Así, la APBI cree que la mejor manera de afrontar el desafío de la vivienda es a través "del diálogo y el consenso". En lugar de promover un clima de confrontación, "hay que trabajar conjuntamente para establecer medidas que fomenten la estabilidad y seguridad jurídica para inquilinos y propietarios, incentivando la rehabilitación de viviendas, aumentando la oferta disponible y garantizando un marco estable que permita a los propietarios continuar ofreciendo inmuebles en condiciones dignas". Medidas en las que el Gobierno "ya trabaja y se empiezan a ver frutos, aunque desde la Asociación no convergimos ni en el fondo ni en las formas de las acciones emprendidas".
Si entre todos lo que se quiere es encontrar solución o medidas que atenúen la problemática actual, la APBI asegura que "hay que trabajar de acuerdo con situaciones genéricas, globales y mayoritarias y no en casos puntuales que pueden rayar la anécdota y pueden hacer descarrilar cualquier punto de entendimiento".
En este sentido, recuerdan que "los propietarios hemos tenido que asumir ajustes, limitaciones y regulaciones injustas que como particulares no nos correspondían y hemos asumido, pero reiteramos nuestra disposición a trabajar y participar activamente en la Mesa de Vivienda y otros espacios de trabajo conjunto para encontrar soluciones realistas y sostenibles". Finalmente, concluyen asegurando que la vivienda "es un reto compartido que sólo se puede resolver desde la cooperación y el respeto entre todas las partes implicadas, evitando medidas que podrían poner en riesgo la estabilidad económica y social de Andorra".
