Lograr entornos de trabajo seguros y respetuosos, partiendo desde el compromiso firme de la tolerancia cero ante el acoso sexual. Con esta voluntad, el Gobierno ha aprobado el decreto que obliga a las empresas y a las entidades privadas del país a elaborar su propio código de prevención y abordaje de conductas de acoso sexual y por razón de sexo.
“De este modo, ahora se da un paso más y muy importante en materia de igualdad”, ha destacado la secretaria de Estado de Igualdad y Participación Ciudadana, Mariona Cadena, durante la presentación del decreto. Y es que, tal y como ha señalado, que las empresas y entidades privadas dispongan de un código específico apoyará a las personas que sufren acoso facilitando la denuncia de su situación, gracias a un circuito marcado.
En este sentido, el código se puede aplicar en situaciones vinculadas a cualquier comportamiento –verbal, no verbal o físico– de naturaleza sexual, dirigido contra una mujer, que tenga la finalidad o produzca el efecto de atentar contra su dignidad y de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. A modo de ejemplo, la jefa de área de Políticas de Igualdad, Mireia Porras, se ha referido a difundir rumores, preguntar o explicar detalles sobre la vida sexual y las preferencias sexuales de una persona; hacer comentarios o bromas sexuales obscenas; hacer comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física; ofrecer o presionar para concretar citas comprometidas; o hacer miradas lascivas al cuerpo o gestos obscenos.
Precisamente, Cadena ha querido remarcar que –en un plazo máximo de dos años– todas las empresas, independientemente del sector o magnitud, deben tener su código, así como las entidades, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones y las federaciones.
La secretaria de Estado ha enfatizado que para garantizar que los códigos sean efectivos y adecuados, el decreto establece los requisitos mínimos que deben cumplirse. De hecho, para facilitarlo, en el anexo del decreto se ha adjuntado un modelo que las empresas o entidades pueden utilizar como base.
Entrando al detalle, Mariona Cadena ha explicado que todos los códigos deberán incluir acciones de prevención para promover un entorno libre de acoso sexual o por razón de sexo; como cursos, talleres o sesiones informativas a la plantilla. También deberán contar con unos principios rectores a aplicar durante el procedimiento de intervención si se activa el código, entre los que sobresalen la discreción para proteger la intimidad de los implicados atendiendo a los datos que se tratarán.
Precisamente, en lo que respecta al procedimiento de actuación, la secretaria de Estado ha apuntado que la persona acosada o alguien que haya observado la situación o tenga sospechas podrá activar el código, mediante un escrito o un correo electrónico dirigido a las personas de referencia. Éstas deberán ser un mínimo de dos personas de la empresa o entidad –nombradas con el acuerdo de la dirección y de los trabajadores–, que serán las responsables de gestionar y custodiar documentación vinculada al proceso.
El siguiente paso previsto es la fase de investigación exhaustiva de los hechos por parte de una comisión, que podrá ser interna (y por tanto formada por las personas de referencia), externa o mixta. La comisión será la encargada de analizar la denuncia interna, haciendo entrevistas e informes.
Finalmente, en un plazo máximo de 20 días, la dirección o el departamento en el que se delegue debe dictar una resolución. En caso de que se haya probado la existencia de una situación de acoso se incoará el expediente disciplinario y se adoptará la sanción. Además, se aplicarán medidas compensatorias; como ofrecer apoyo psicológico y social a la persona afectada. Si no hubiera evidencias se archivaría la denuncia interna.
Cadena ha precisado que la activación del código es una medida complementaria a las ya existentes, ya que una situación de acoso sexual o por razón de sexo se puede remitir cerca del Servicio de Inspección de Trabajo o por la vía judicial.
