El ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, ha firmado este jueves con Antoni Rebés, representante de la UTE Heliand Helinord, el contrato de concesión del Helipuerto Nacional de Andorra. El Gobierno aprobó la adjudicación el pasado mes de noviembre y, desde entonces, la UTE ha formalizado su unión y se ha acordado el contrato entre las dos partes: “todo el proceso se ha hecho siguiendo la legalidad, bajo los principios de transparencia y con los correspondientes informes jurídicos preceptivos”, ha expuesto el ministro.
El siguiente paso para poder iniciar su construcción es declarar el Proyecto de Interés Nacional (PIN), por lo que se ha tramitado toda la información al común de la Massana, que debe emitir un informe vinculante.
Gallardo ha iniciado la presentación del proyecto haciendo un repaso histórico del proyecto, desde que se hizo el primer estudio para instalar una infraestructura de este tipo en 1985 y pasando por las diferentes ubicaciones que se han valorado desde entonces. Una vez llegados al proyecto de la Caubella, ha recordado que antes de adjudicarse el pliego de bases se sometió a información pública y no recibió ninguna alegación.
Entrando en los términos concretos de la adjudicación, que tiene una duración de 30 años, la concesión prevé la construcción y gestión del helipuerto, dando preferencia al operador en el caso de que se decidan instaurar rutas regulares en el futuro pero sin esta obligación. Por su parte, el Gobierno de Andorra se garantiza un espacio de hangaraje exclusivo para las aeronaves de Estado, con dependencias técnicas y alojamiento para cuando se tengan que hacer guardias en persona. Aparte, las aeronaves de estado no pagarán tasas de estacionamiento, despegue y aterrizaje o pasajeros.
En cuanto a las instalaciones, el edificio terminal y el hangar principal se integran en una sola construcción: la planta baja incluye el hangar y los espacios para el tratamiento de pasajeros; la planta superior incluye oficinas, despachos y un restaurante de 240m2 con terraza. El edificio, ha apuntado el ministro, se concibe como “edificio pasivo, y utiliza materiales exteriores que buscan integrarlo con su alrededor”. Finalmente, el titular de Presidencia, Economía y Empresa ha resaltado que el contrato prevé que el Gobierno compense a la UTE con un máximo de 7.627.034 euros totales si los resultados operacionales son negativos: “en el peor de los casos, el Gobierno tendría que pagar esta cifra, pero recuperaría una infraestructura que habríacostado más de 10 millones de euros de crear”, ha indicado el ministro.
En caso de resultados positivos inferiores al 15%, la empresa pagará un canon de entre el 10% y el 15%, mientras que si los beneficios superan el 15%, el excedente se reinvertirá en el helipuerto o se transferirá completamente al Gobierno.
