La ministra de Educación y Enseñanza Superior, Ester Vilarrubla, ha presidido este lunes la primera reunión de la Comisión de seguimiento del absentismo escolar. Un ente creado en el marco del Decreto de prevención y tratamiento del absentismo escolar en los centros educativos del Principado de Andorra de 2019 y que tiene como funciones analizar los datos, causas y factores del absentismo, comparar su evolución e identificar los recursos existentes y propuestas de mejora. También tiene como objetivo establecer circuitos de coordinación y comunicación entre los diferentes estamentos implicados y potenciar la puesta en marcha de estrategias de prevención.
Así, tal y como recoge la Constitución, la educación es un derecho fundamental que debe garantizarse desde los poderes públicos. En este sentido, el Gobierno debe proveer de recursos y mecanismos a los diferentes ministerios y actores implicados para detectar y enderezar situaciones de absentismo. Y más teniendo en cuenta que éste puede tener su origen en el ámbito personal, escolar, social o familiar y que a menudo puede estar relacionado con otras problemáticas como el acoso escolar.
En este primer encuentro, la Comisión ha analizado las diferentes tipologías de ausencias según su grado –parcial moderada, parcial grave, crónica u otras–, ha repasado los circuitos de intervención que se aplican actualmente y ha comunicado los datos de los últimos cursos. Entre éstas, se desprende que de las 65 notificaciones que hubo el curso anterior, el 92% ya tienen el expediente resuelto. La mayoría de los casos –el 52%– correspondían a alumnos de segunda enseñanza.
Ahora la Comisión trabajará en propuestas de mejora tanto en la prevención de los casos de absentismo como en el tratamiento de éstos. Este grupo, que se reunirá como mínimo una vez al año, lo conforman la ministra de Educación, la directora y el jefe de área de Inspección Educativa, responsables de cada sistema educativo y representantes de los equipos directivos de cada nivel, representantes del Ministerio de Asuntos Sociales encargados de la atención a la infancia y adolescencia, y representantes del Ministerio de Justicia, en especial del área de delitos juveniles.