El síndico general, Carles Ensenyat, y la subsíndica general, Sandra Codina, acompañados de los cónsules mayor y menor de Canillo, Francesc Camp y Marc Casal, y de gran parte de los consejeros del común canillense han visitado la evolución de dos de las obras más importantes que actualmente se están llevando a cabo en el núcleo de Canillo y que estarán terminadas en los próximos meses.
Por un lado, la comitiva ha visitado los trabajos de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria que dotará a la parroquia de un nuevo espacio moderno para la atención médica y la remodelación de la plaza adyacente con una inversión global de más de 2 millones de euros. La estructura del edificio del CAP servirá de gradas, estilo anfiteatro, que alojarán al público de los espectáculos que se organicen en la plaza. Todos los trabajos están previstos que se acaben a lo largo del primer trimestre del año que viene.
Por otro lado, los síndicos generales y los políticos comunales han recorrido las obras de remodelación del Palau de Gel y de las instalaciones deportivas que acoge, como la piscina y la pista de hielo. Los trabajos tienen un coste de 5,2 millones de euros y está previsto que se finalicen justo para el puente de la Purísima. Entre las mejoras que incluirá el edificio, destaca la eficiencia energética y la generación de energía renovable con la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta la pista de hielo.
Esta ha sido la segunda visita oficial de los síndicos generales a Canillo esta legislatura. En esta ocasión, es la última antes del final del mandato comunal. El cónsul mayor, Francesc Camp, que recientemente ha anunciado que no optará a la reelección, ha agradecido la visita de los síndicos generales y ha reafirmado “el acierto de querer hacer este tipo de encuentros, ya que mejora la comunicación y relación entre los comunes y el Consejo General”. También ha trasladado a los síndicos generales que “a menudo se da demasiado poco tiempo a los comunes para analizar los textos legales antes de su aprobación”, unas leyes que en muchas ocasiones acaban afectando al funcionamiento o a los servicios que se ofrecen desde las parroquias.