El ministro de Territorio y Vivienda, Víctor Filloy, ha desgranado los diversos puntos que se han trabajado en los últimos meses para dar pasos necesarios y decididos para adoptar políticas estratégicas en materia de vivienda que ayuden a descongestionar el mercado facilitando el acceso y el mantenimiento a una vivienda digna, un elemento fundamental para el Gobierno. Así lo ha explicado este martes por la mañana durante una nueva reunión de trabajo de la Mesa Nacional de la Vivienda, el punto de encuentro de agentes privados y públicos implicados en esta cuestión. Debido a la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, la reunión se ha celebrado combinando el formato telemático y presencial en el Centro de Congresos de Andorra la Vella.
Durante la reunión, Filloy ha presentado un primer esbozo del nuevo sistema de indicadores de la vivienda que debe permitir analizar el mercado de la vivienda desde diversas vertientes (demográfica, económica, construcción, etc.) de manera que los poderes públicos puedan adoptar las medidas correctoras necesarias de forma más precisa.
Así, también se ha informado sobre el futuro funcionamiento del fichero que recogerá los datos anónimos de los contratos de arrendamientos de viviendas del país. Este fichero será regulado mediante reglamento de acuerdo con la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, aprobada hace pocos meses por el Consejo General. "Alimentamos el sistema de datos relativos al parque inmobiliario de alquiler, lo que nos permite analizar con mayor medida y precisión la situación", ha resaltado Víctor Filloy en declaraciones a los medios una vez finalizada la reunión.
La nueva plataforma informática se nutrirá con la información obligatoria que deberá aportar la parte arrendataria y también con los históricos de los contratos desde 2005 que tengan los comunes. Con los datos aportados se podrá conocer las condiciones, anónimas, de la parte arrendataria y arrendadora de la vivienda, así como también las características del piso y la localización del mismo.
Aún en relación con los trabajos iniciados en las últimas semanas, Filloy ha destacado el avance significativo en la creación del Instituto Nacional de la Vivienda después de la aprobación de la ley, así como también la puesta en funcionamiento del Fondo de la Vivienda. Ambas medidas son fundamentales para "avanzarnos a los posibles escenarios del mercado de la vivienda e impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas de precio asequible para dar respuesta a la demanda excluida del mercado ordinario del alquiler", ha destacado Filloy.
Siguiendo este aspecto fundamental, el ministro ha explicado que el Gobierno está terminando de ultimar un nuevo proyecto de Ley de protección y flexibilización del mercado de arrendamiento de vivienda e incremento del parque de vivienda pública que se tendría que aprobar antes del inicio del nuevo año. Así, y fruto de las reuniones de trabajo impulsadas durante los meses de abril y mayo con los miembros de la Mesa Nacional de la Vivienda, el texto plantea continuar con la medida actualmente vigente de prórroga de los contratos de alquiler para el año 2022, con una cierta flexibilización. La propuesta planteada "busca la protección de las personas arrendatarias y la flexibilización necesaria del mercado de la vivienda con el fin de satisfacer un equilibrio entre las partes", ha apuntado Filloy.
Entrando al detalle, se apuesta por la prórroga forzosa de los contratos que finalicen durante el año que viene, pero se desafectan los contratos que fueron prorrogados forzosamente en el año 2019 siempre que se formalice un nuevo contrato de alquiler, aceptado de mutuo acuerdo por las dos partes, con una duración mínima de 5 años y se regularice la renta de alquiler, si procede, en un 10% como máximo. Si no se llega a un acuerdo entre las partes o no se respetan las condiciones establecidas para desafectar el contrato, la parte arrendataria podrá exigir la prórroga forzosa del contrato durante un año más.
Finalmente, y con la voluntad de incrementar el parque público de vivienda y proteger a las personas y familias más vulnerables, la Ley reconoce a favor del Gobierno un derecho de adquisición preferente sobre viviendas, cuya tipología será determinada reglamentariamente.
La Mesa Nacional de la Vivienda se constituyó oficialmente en el mes de julio de 2019. Su objetivo principal es contribuir al diagnóstico de la situación, al diseño de propuestas dirigidas a la mejora y hacer el seguimiento de las actuaciones que se emprendan.
Este organismo está formado por altos representantes del Gobierno y de los comunes, el Raonador del Ciutadà y un miembro de cada una de las siguientes entidades: Andorran Banking, la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles, la Asociación de Contratistas de Obra de Andorra, el Colegio de Agentes y Gestores Inmobiliarios de Andorra, la Asociación de Empresas de Alojamiento Turístico, Cáritas Andorrana, el Colegio Oficial de Arquitectos de Andorra, el Fórum Nacional de la Juventud y la Asociación Andorrana de Consumidores y Usuarios. Por parte del Gobierno hay representados los siguientes ministerios: Ministerios de Asuntos Sociales, Vivienda y Juventud, Ministerio de Presidencia, Economía y Empresa, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Ordenamiento Territorial, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y Ministerio de Turismo.
