El Gobierno español ha justificado mantener la inmunidad a Celestino Barroso Sánchez, inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado de la embajada española de Andorra desde julio de 2014 hasta junio de 2017, y que se le relaciona con gestiones para obtener información bancaria sobre políticos catalanes, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
"Cualquier procedimiento abierto contra el señor Barroso por actos llevados a cabo durante su misión se enfrenta a esta disposición protectora, que ampara sine die al agente diplomático para que ejerza sus funciones en las mejores condiciones posibles", argumenta el ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno español ofrece la respuesta al diputado del PDeCAT Sergi Miquel, que se había interesado por el motivo por el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores "no respondió a la nota verbal que le formuló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra en la que renunciaba a la inmunidad de jurisdicción del inspector jefe de la Policía Nacional Celestino Barroso Sánchez".
El Gobierno español asegura que Barroso estaba acreditado y con pasaporte diplomático en la embajada de España en Andorra como agregado de Interior, cargo que asumió entre julio de 2014 y junio de 2017, y después regresó a su destino, a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Según informó 'El Mundo' el pasado 23 de abril, la familia Cierco, propietaria histórica de Banca Privada d'Andorra (BPA), había enviado una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para que desbloqueara la investigación por coacciones que se sigue en el Principado contra antiguos mandos del Ministerio del Interior.
El procedimiento indaga sobre la entrega de cuentas ocultas de líderes nacionalistas catalanes con la supuesta amenaza de que, en caso negativo, la entidad financiera sería intervenida.
