El Gobierno informa que el Ejecutivo en funciones y el Colegio de Psicólogos (COPSIA) han llegado a un acuerdo para incluir los actos psicológicos dentro de la cartera de servicios de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS).
El Gobierno aprobó en el mes de febrero de 2022 el Plan Integral de Salud Mental y Adicciones (PISMA), que desarrolla un modelo de atención basado en la atención integral y centrada en la persona desde todos los niveles asistenciales. Así, y considerando prioritaria la promoción de la atención a la salud mental en todos los ámbitos, establecía la necesidad de definir el rol de psicólogos privados en el sistema de salud mental.
Este acuerdo llega en el marco de los trabajos conjuntos que se han llevado a cabo entre el Gobierno y el Colegio de Psicólogos, y recoge los criterios de acceso a los actos de psicología en la cartera de servicios. Así, se establece que, para acceder a ella, será necesaria una prescripción médica efectuada por el médico o pediatra referente, un psiquiatra o un médico especialista y se incluye, en un anexo, la extensa relación de patologías que darán derecho a recibir esta prestación (todas aquellas en las que el estado del paciente permita una intervención psicológica).
La propuesta también recoge el número de sesiones máximas financiadas por la CASS anualmente, y el copago entre la CASS y el usuario según la Ley de la seguridad social.
Las sesiones podrán hacerse en formato presencial o no presencial, siempre que estas últimas no superen un máximo de sesiones concreto, y se hagan mediante la plataforma de videotransmisión habilitada especialmente para garantizar la intimidad del paciente y la confidencialidad de la información.
Finalmente, se propone que se evalúen los resultados de esta incorporación a la cartera de servicios transcurrido el primer año de funcionamiento con el objetivo de ajustar el funcionamiento del servicio, y que después la evaluación se repita de manera periódica.
Una vez alcanzado este acuerdo, la propuesta será tratada por el Consejo de Administración de la CASS y, posteriormente, deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. La voluntad es que la convención entre en vigor tres meses después de su publicación en el BOPA.
