La comuna de Andorra la Vella ha encabezado un acuerdo extrajudicial que cierra las causas judiciales cruzadas relacionadas con las fisuras aparecidas en los edificios de la avenida Santa Coloma 28 y 30. Este hito, fruto de negociaciones iniciadas con la mediación del ente comunal, evita la prolongación de los procedimientos legales y permite a la corporación recuperar el dinero adelantado. El acuerdo, aprobado por todos los negociadores, está tan solo pendiente de la firma de una de las partes. A pesar de todo, a efectos de la corporación, los pactos que contiene tienen ya plena validez.
Durante el proceso de negociación se han tenido en cuenta los estudios técnicos que concluyeron que el origen de los movimientos y fisuras fue motivado por una confluencia de causas. Las principales son la excavación de la parcela de la avenida Santa Coloma 9-15, junto con filtraciones de agua potable y residual que agravaron las patologías estructurales existentes.
En el marco del acuerdo, las partes han aceptado una propuesta de distribución de los costes derivados de los trabajos de detección, reparación y consolidación de los inmuebles, una distribución pactada en función de las responsabilidades de cada parte en el accidente. Los propietarios de los dos edificios aportarán, directa o indirectamente, mediante sus compañías de seguros, el 10% de los importes, mientras que la corporación comunal aportará el 15% y la promotora, la dirección facultativa y la constructora el 75% restante. La corporación recupera 433.504 euros por los gastos asumidos en la gestión, intervención técnica y realojamiento de los vecinos gracias a este acuerdo.
La comuna de Andorra la Vella lideró los trabajos de apuntalamiento, reinyección de cimientos e instalación de sensores de movimiento, ejecutados desde febrero hasta la estabilización de los inmuebles. Las intervenciones han cumplido estrictamente la normativa vigente de la ley del suelo y han garantizado la seguridad de los vecinos y de los peatones alrededor de la zona de obra.
Gracias al acuerdo alcanzado, se procederá al desistimiento formal de todas las acciones judiciales interpuestas y se permitirá la continuidad de los trabajos de reparación final que ahora se encuentran en fase de ejecución. Las propiedades recibirán el importe liquidatorio una vez presenten la certificación final firmada por la dirección de obra y validada por las aseguradoras.
El cierre de este capítulo judicial supone una muestra de colaboración efectiva entre la administración comunal, la propiedad privada y la promotora-constructora.
