De acuerdo con la noticia que publica el Diari d'Andorra, el grupo de ciudadanos contrarios a la aplicación del certificado Covid ha recogido unas 300 firmas que quiere utilizar para presentar un recurso administrativo contra la medida. El colectivo, que también se ha mostrado contrario a la vacunación en las diversas manifestaciones realizadas hasta ahora, lleva semanas organizándose para recoger las firmas. En una de las concentraciones también se buscaron apoyos para pedir la derogación del decreto de medidas temporales que regulaba la obligatoriedad de realizar dos cribados semanales a los niños de primera enseñanza para poder acceder al comedor y a las actividades extraescolares.
El grupo de ciudadanos ha vuelto a convocar una manifestación para el próximo domingo. El encuentro se ha fijado a las cuatro de la tarde en el punto de información de Andorra la Vella y los organizadores tienen prevista la proyección de un documental y una posterior sentada para mostrar su rechazo a las medidas del Gobierno para frenar la pandemia, además de una merienda de carácter popular. La concentración tiene como lema ¡Protejamos a nuestros niños!
Paralelamente al movimiento ciudadano, la consejera general no adscrita Carine Montaner ya ha formalizado el recurso administrativo al Gobierno para pedir la anulación del certificado covid como "requisito necesario para tener acceso a la vía jurisdiccional". La parlamentaria considera que la medida es "ilegal" y que infringe "preceptos constitucionales".
En el recurso presentado se admite que son necesarias medidas para preservar la salud y la seguridad de los ciudadanos pero se afirma que "aceptar que la gravedad de la crisis permita una derogación in toto, ni que sea transitoria, de las leyes y de la Constitución andorrana, es un hecho que supondría una inaceptable degradación democrática". Montaner deja claro que el pasaporte covid "carece de fundamento y rigor científico, médico y legal, por lo que su exigencia es totalmente ilegal". "Con el certificado covid-19, el Gobierno decidió dar un trato diferente de forma arbitraria a las personas vacunadas y a las personas no vacunadas", añade.
La consejera considera que "no tiene sentido" pedir el pasaporte en espacios como las peluquerías o los centros de estética, donde el uso de la mascarilla es obligatorio, y en cambio no hacerlo en los autobuses, donde también es obligatoria la mascarilla y el espacio es reducido. Montaner recuerda que la vacunación es voluntaria y que el Gobierno "no puede obligar de forma indirecta a la ciudadanía a vacunarse, con vacunas que están en fase experimental".
La parlamentaria argumenta que se está vulnerando el derecho fundamental a la libre circulación de personas, el derecho a la intimidad, la protección de datos y el derecho a la igualdad. También afirma que se está cometiendo una infracción de la Ley de derechos y deberes de los pacientes.