El ministro de Finanzas de Andorra, Eric Jover, ha presentado este lunes el Proyecto de ley del Presupuesto para el ejercicio 2023, que destina más de la mitad al "estado del bienestar". El documento prevé unos ingresos de 522.306.991 euros y unos gastos totales de 553.756.991 euros. Así, el déficit inicial proyectado es de 31.450.000, aunque "se prevé que acabe siendo incluso menor una vez liquidado el presupuesto, como ha pasado en los últimos años".
El titular de la cartera ha destacado que "es el primer presupuesto ordinario después de la pandemia": las cifras que se recogen dan cumplimiento, por tanto, a las principales directrices marcadas por la Ley 32/2014 de sostenibilidad de las finanzas públicas y de estabilidad presupuestaria y fiscal, conocida como 'la regla de oro'.
Así, el déficit previsto de 31,45 millones es inferior al 1% del PIB estimado, y el endeudamiento público de la administración general, que el Ejecutivo sitúa a cierre de 2022 en 1.190 millones de euros, tampoco supera el tope marcado del 40% del PIB.
En este sentido, Jover ha indicado que se situará en el 39,4%, una cifra que, si no se tienen en cuenta las reservas internacionales del Estado que se han creado en los últimos años, bajaría hasta el 36,1%. Además, ha proseguido, la previsión es que la deuda pública siga rebajándose el año que viene, bajando hasta el 38,5% del PIB –35,4% sin tener en cuenta las reservas–.
Entrando en el detalle de los ingresos corrientes, de más de 522M de euros, el ministro ha destacado que suponen un aumento del 12% respecto a los de 2022. De este modo, aumentan significativamente los relacionados con los impuestos directos e indirectos: "aunque parezca un dato muy alto, es una cifra que consideramos conservadora, viendo las cifras de ejecución de 2022 muy por encima de las estimaciones iniciales".
Jover también ha destacado el capítulo de ingresos patrimoniales: "se mantiene la distribución de dividendos procedentes de Andorra Telecom, pero no se prevé ningún ingreso por parte de FEDA, ya que la compañía está dirigiendo todos sus esfuerzos en moderar el impacto de la crisis energética en la ciudadanía". Por el contrario y por primera vez, el CRAJ pasa a generar superávit tras su acuerdo con la SELAE española, por lo que también harán una aportación al Estado".
En cuanto a los gastos, se sitúan en 553M de euros. En este caso, los gastos de funcionamiento suman 453.515.293, los gastos de capital ascienden a 82.698.257 y los gastos financieros, 17.543.441. El incremento respecto al año pasado "es también notable, del 12%": el aumento viene dado, ha explicado el ministro, tanto por el aumento de gastos de personal –vinculado con la revalorización de los salarios vinculada al IPC, el incremento de personal explicado en buena parte por el plan de choque emprendido para desencallar los trámites judiciales, entre otros–, el aumento de las transferencias corrientes y, especialmente, por el incremento en inversiones reales.
