La ley del crecimiento sostenible establecerá el derecho de tanteo y retracto a favor del Gobierno y de los comunes como nuevo instrumento que permita a la administración pública intervenir de manera selectiva en la compra de suelo e inmuebles. Así lo ha anunciado el presidente de la comisión de estudio, Jordi Casadevall, durante la presentación del dictamen final de la comisión. Según Casadevall, esta medida tiene como "objetivo preservar el interés general". De igual forma, el consejero general ha apuntado que "estos derechos deberían quedar muy bien acotados, muy bien parametrizados y, evidentemente, sometidos a un control previo, incluso un control a posteriori por parte de órganos jurisdiccionales".
Otra de las conclusiones extraídas del dictamen final son los vertederos de tierras. Según Casadevall, "esto es un debate que se ha generado ya en muchas parroquias y que en determinados territorios genera bastante tensión". "El problema lo podemos enfocar de dos maneras diferentes: o bien sí que buscamos vertederos de tierra en todas las parroquias, o bien intentamos, mediante medidas urbanísticas, reducir la generación de tierras", ha detallado.
De igual manera, la vicepresidenta de la comisión de estudio, Gemma Riba, ha apuntado que también se querrá "introducir un sistema de cuotas urbanísticas como instrumento transitorio destinado a promover un crecimiento urbanístico más equilibrado y sostenido en el tiempo".
Otras conclusiones del dictamen incluyen la necesidad de reforzar los instrumentos de planificación supramunicipal, adecuar la red viaria a la realidad de cada zona, integrar la prevención de riesgos naturales en los planes urbanísticos y proteger la actividad agrícola como elemento central de la identidad y cohesión del territorio. También se recogen recomendaciones sobre edificabilidad progresiva y la creación de zonas de especial protección para garantizar la integración armoniosa de las construcciones con el entorno y el paisaje. En total, el documento recoge 18 conclusiones y 26 medidas.
Así pues, algunas de estas van en la línea de llevar a cabo revisiones de procedimientos reglados que ya existen como es la promoción del uso de materiales y tipologías constructivas autóctonas en todo el territorio; revisar la coherencia del régimen de silencio de la ley; y facilitar el acceso, la disponibilidad y la actualización de los datos.
El president de la comissió ha subratllat que el dictamen no respon preguntes de caràcter polític, com "fins on podem créixer o on volem créixer", sinó que es tracta de un "treball més tècnic" que pretén establir instruments i criteris clars per al planejament i la gestió del territori.
De esta manera, la Comisión de estudio para asegurar el crecimiento sostenible culmina 13 meses de trabajo. El documento se ha publicado en el Boletín del Consejo General y se prevé que se eleve al pleno del 19 de marzo para su votación.
Comisión legislativa
Preguntado sobre el futuro, Casadevall ha recordado que, "desde el principio, ya dijimos que la secuencia lógica sería primero comisión de estudio, después comisión legislativa, siempre que el Consejo así lo permitiera". Casadevall ha añadido que "al final, la comisión de carácter legislativo no deja de ser una comisión legislativa" y que "aunque el Gobierno y los comunes pueden presentar proyectos de ley, al final, de legisladores hay 28 en este país".
De igual forma, el president ha matizado que "después los comuns tienen competencia legislativa en algún aspecto, pero que solo les incumbe en el límite parroquial", ya que "por lo que respecta al ámbito nacional la competencia es del Consell General".
El president también ha reflexionado sobre "y esto cómo se debería instrumentalizar?". "De la misma manera que se creó una comisión de estudio mediante un acuerdo del pleno del Consell General", ha explicado. "Una de las opciones sería volver a formular una propuesta de acuerdo mediante una solicitud conjunta a la sindicatura, por la cual solicitamos la creación de una Comisión de Legislatura de Carácter Legislativo", ya que "al final es la alternativa que tenemos a poder trabajar este texto desde los diferentes grupos parlamentarios de manera conjunta", ha añadido.
"Pero vistos los antecedentes de la comisión de estudio, pensamos que, quizás, tiene más sentido continuar con esta forma de trabajo que le da una comisión legislativa 'ad hoc' creada a este efecto", ha señalado.
Más datos y estudios previos
En una rueda de prensa posterior a la comparecencia, la miembro de la comisión y consejero general del PS, Laia Moliné, ha apuntado que "todos los partidos hemos entendido la necesidad de planificar el futuro de Andorra" y que "todos hemos entendido que hemos crecido exponencialmente en pocos años y que se ha de hacer alguna cosa".
Así y todo, Moliné ha señalado que "lo que deberíamos hacer" a partir de ahora "es recuperar un poco los estudios que ya se habían hecho en el pasado". "Quiero decir, no estamos hablando de recuperar los estudios de 1873, pero, quizás, sí todos aquellos anuncios que ha ido haciendo el Gobierno durante los años anteriores que hacían referencia" a "ensanchar vías, a otras vías de acceso al Principado y hacer los estudios pertinentes tanto a escala de sostenibilidad como en cuanto a viabilidad económica". "Pero tenemos que contar con datos para poder trabajar en este sentido", ha matizado.
Finalmente, ha detallado algunos ejemplos de estudios y medidas en curso. "Nos consta que el Gobierno ya está trabajando: se modifican las líneas de autobuses, se trabaja con el parallaus que ya se ha inaugurado, pero creemos que, dado lo que sucede cada día en el Principado, hacen falta más medidas".
