Los siete comunes han lanzado una advertencia: detectan un aumento de matrimonios que tienen todos los síntomas de ser “de conveniencia”. Se trata de ceremonias que formalmente cumplen el trámite ante los comunes —de facto no pueden negarlo—, pero donde faltan invitados, emotividad o los padres y familiares no aparecen. Los cónsules denuncian que puede haber intenciones fraudulentas organizando estos enlaces solo para conseguir autorizaciones de residencia u otras ventajas como prestaciones y ayudas.
El ministro portavoz, Guillem Casal, afirmó que este problema “ya estaba resuelto” antes de la reunión pública de los cónsules, al tiempo que resaltó que los comuns ya habían elevado la preocupación a los grupos parlamentarios y que se trabajaba en modificar la Ley cualificada de inmigración para incluir la práctica de los matrimonios de conveniencia como infracción muy grave.
Según su explicación no hay constancia oficial de un aumento de casos, ya que “la policía no tiene constancia de un aumento de matrimonios de conveniencia”. Al mismo tiempo expuso que se ha propuesto modificar el artículo 142 de la ley para dotar de más herramientas el marco legal y que el Gobierno y los grupos parlamentarios trabajan “continuamente” en posibles modificaciones adicionales.
El hecho es que la legislación vigente de inmigración recoge los supuestos de residencia, trabajo, reagrupación familiar, etc., pero no hay una previsión expresa para matrimonios de conveniencia. La Ley cualificada de inmigración define criterios sobre residencia y autorizaciones (artículos 34 y 38), pero no refleja específicamente cómo abordar un caso en el que un matrimonio podría simular finalidades de inmigración o residencia sin voluntad real de convivencia o vida matrimonial efectiva y afectiva.
Los comunes tienen la competencia de casar a ciudadanos que lo soliciten, pero por lo que denuncian, no hay mecanismos adicionales para filtrar casamientos que pueden tener como único objetivo obtener un privilegio migratorio o de residencia (o de reagrupación) y no una vida en común. Es decir: una ceremonia aparentemente formal pero sin la realidad que supondría un matrimonio auténtico, concepto que a la vez es muy complicado de definir.
Aunque el Gobierno afirma que “está resuelto”, el hecho de que los comunes lo hayan elevado justo ahora, lo que indica que hay percepción de la problemática y por tanto, resuelto no está. La propuesta de modificar el artículo 142 de la ley (sin que todavía se conozca públicamente el redactado definitivo) no es todavía una solución operativa y las bodas se siguen celebrando. Sin una norma clara y con procedimientos de investigación o sanción, la medida corre el riesgo de quedar en declaración de intenciones.
El ministro informó que “la policía no tiene constancia de un aumento” de casos. Pero esta afirmación no equivale a decir que no existan casos. No hay nada que mida cuántos matrimonios se hacen con esta finalidad, cuántos se inscriben en un patrón “sospechoso”, cómo sería este patrón ni cuáles son las vías de detección o eventual de sanción.