El Gobierno y el resto de formaciones representadas en el Pacto de Estado para el acuerdo de asociación con la Unión Europea mantienen el compromiso de someter el texto a referéndum, a pesar de que todavía no han concretado cuándo se celebrará la consulta. La presentación este jueves del reglamento que regulará el referéndum consultivo ha servido para evidenciar que la voluntad política de celebrarlo continúa vigente, pero también que el calendario dependerá de los plazos del proceso europeo y no vendrá marcado desde aquí.
El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha defendido que la aprobación del reglamento es una prueba de que el ejecutivo no ha renunciado al compromiso adquirido con la ciudadanía. “No habríamos gastado tiempo y recursos en elaborar un reglamento si quisiéramos desdecirnos de este compromiso”, ha afirmado.
A pesar de ello, Espot ha reconocido que todavía es imposible fijar una fecha. El proceso continúa pendiente de la firma del acuerdo por parte de los 27 estados miembros de la Unión Europea y de su posterior ratificación por el Parlamento Europeo. Si estos trámites no se finalizan antes de las próximas elecciones generales, será el futuro Gobierno quien deberá asumir la convocatoria de la consulta.
El jefe del ejecutivo también ha insistido en que el referéndum debe ir precedido de un amplio período de información para que la ciudadanía pueda conocer el contenido del acuerdo, y ha descartado que esta campaña coincida con una eventual campaña electoral. “No podemos hacer la campaña del referéndum y la campaña de las elecciones al mismo tiempo”, ha remarcado, lo que de facto cierra la puerta a celebrarlo antes de los comicios.
Concòrdia reclama más celeridad
Desde Concòrdia, Cerni Escalé ha reiterado el apoyo de su formación al referéndum, pero ha criticado que el Gobierno no lo haya convocado antes. Según el consejero general, el momento actual del proceso europeo ya permitiría consultar a la ciudadanía y considera un error continuar asumiendo compromisos con Bruselas sin haber obtenido previamente el pronunciamiento de los electores.
Escalé ha asegurado que, si la consulta no se convoca durante esta legislatura, Concòrdia se compromete a hacerlo durante los primeros seis meses del próximo mandato en caso de llegar al Gobierno. También ha lamentado que el reglamento se haya presentado en pleno periodo estival y ha defendido que una cuestión de esta trascendencia debería haberse regulado mediante una ley específica debatida en el Consell General.
Si finalmente la consulta no llega antes de los comicios, Espot considera que la cuestión deberá ocupar un lugar destacado en la campaña electoral. El jefe de Gobierno ha defendido que los partidos deberían explicar con claridad si mantienen el compromiso de convocar el referéndum en caso de gobernar o si, por el contrario, consideran que el acuerdo no debería someterse a votación popular. Según Espot, cualquier posicionamiento es legítimo, pero los ciudadanos tienen derecho a conocerlo antes de ir a las urnas.
El Gobierno reforzará (aún más) la información sobre el acuerdo en septiembre
Paralelamente, el ejecutivo prevé intensificar a partir de septiembre las acciones divulgativas sobre el contenido del acuerdo de asociación. Espot ha precisado que esta fase informativa será independiente de la campaña oficial del referéndum, que solo comenzará cuando se hayan completado todos los trámites institucionales necesarios para convocar la consulta.
El objetivo, según el Gobierno, es garantizar que los ciudadanos dispongan de suficiente información antes de emitir su voto.
En cuanto al reglamento en sí, la principal novedad es la incorporación de los grupos de electores como actores de la campaña, junto a los partidos políticos. Para poder constituirse, deberán reunir firmas equivalentes al 0,5% del censo electoral nacional (alrededor de las 155 firmas), el mismo requisito que se exige para presentar una candidatura nacional a las elecciones.
En cuanto a la financiación, el reglamento adapta los criterios previstos en la ley de partidos políticos. Tanto las opciones favorables al “sí” como al “no” podrán recibir subvenciones públicas para sufragar los gastos de campaña.
La ayuda será de cinco euros por cada voto obtenido, siempre dentro del límite de los gastos justificados ante el Tribunal de Cuentas. El importe se distribuirá entre los partidos políticos y los grupos de electores que defiendan una misma opción.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad