El Gobierno ha recibido un total de seis propuestas de edificios interesados en formar parte del programa de compra de inmuebles orientado a incrementar el parque público destinado al alquiler asequible. El plazo para presentar estas ofertas concluyó el pasado lunes 30 de junio, momento a partir del cual se ha iniciado la fase de examen técnico y jurídico para verificar que las candidaturas cumplan los requisitos fijados en el pliego de bases.
Según ha explicado este miércoles 2 de julio el ministro portavoz, Guillem Casal, después del Consejo de Ministros, los servicios técnicos encargados realizarán una revisión exhaustiva durante las próximas semanas. Este análisis determinará si los inmuebles presentados se ajustan a los criterios estipulados y, en caso afirmativo, se procederá a efectuar las tasaciones correspondientes para valorar su cuantía económica, así como la viabilidad financiera conforme al presupuesto recientemente aprobado por el Consejo General.
Evaluación técnica, valoraciones económicas y ubicaciones
En referencia al calendario previsto para cerrar las adquisiciones, Casal no ha detallado fechas concretas pero ha manifestado que la intención es acelerar el proceso tanto como sea posible. Durante los meses de verano se llevarán a cabo tanto las valoraciones técnicas como económicas de los seis inmuebles, incluyendo también el estudio sobre posibles necesidades de obras de rehabilitación o adecuación antes de que estos puedan integrarse dentro del parque público.
Además, se analizará si estos edificios se encontraban ocupados o desocupados en el momento de la candidatura y cuál había sido el uso previo —sea residencial, turístico u hotelero— ya que estos factores influirán directamente en las intervenciones requeridas antes de que puedan ser transferidos al Instituto Nacional de la Vivienda para su gestión futura en régimen de alquiler asequible.
Tampoco se ha revelado aún la ubicación exacta de los inmuebles candidatos; no obstante, Casal ha indicado que hay opciones localizadas tanto en el valle central como en diversas parroquias altas.
Coste final y respuesta institucional
En cuanto al coste global estimado del proyecto de adquisición de los seis edificios, el portavoz gubernamental ha calificado cualquier cifra actual como “prematura”, dado que primero habrá que completar todas las tasaciones oficiales y calcular tanto el precio definitivo de compra como las inversiones adicionales destinadas a adaptar los inmuebles.
Guillem Casal ha destacado positivamente el interés mostrado por los propietarios mediante estas seis candidaturas: “La buena noticia es haber recibido varias propuestas”, ha afirmado recordando que existía también la posibilidad de que ningún edificio hubiera concurrido.
Diversos usos de los terrenos demaniales en debate parlamentario
Por otra parte, durante esta misma jornada Casal se ha referido al debate actual sobre la posibilidad de que los comunes destinen terrenos demaniales comunales —aquellos espacios integrantes del dominio público comunal— para proyectos destinados a vivienda asequible. Esta cuestión fue planteada recientemente por Eva Sansa, cónsul mayor de La Massana.
El ministro portavoz ha explicado que esta materia está siendo estudiada dentro del proceso legislativo vinculado a la modificación de la Ley general de ordenación del territorio y urbanismo (LGOTU) y recuerda que estos terrenos no son propiedad adquirida por los comunes sino principalmente espacios naturales situados en zonas montañosas o fondos de valle. La normativa vigente junto con los planes urbanísticos parroquiales determinan estrictamente qué usos pueden tener estos terrenos.
Además, Casal ha advertido sobre una eventual flexibilización excesiva: teniendo en cuenta que más del 90% del territorio andorrano corresponde a terrenos demaniales comunales, cualquier cambio normativo deberá analizarse con rigor para evitar desarrollos urbanísticos futuros difíciles de controlar o revertir. Ha insistido en mantener un equilibrio entre demanda habitacional y protección medioambiental.
El ejemplo colaborativo desde La Massana
Sin embargo, el ministro también ha reconocido explícitamente la voluntad expresada por los comunes para contribuir activamente en políticas públicas de vivienda asequible. En este sentido ha puesto como ejemplo positivo La Massana —donde se han ofrecido varios proyectos específicos— así como una cesión reciente de un terreno patrimonial situado en el centro parroquial para que pueda impulsar vivienda pública accesible gestionada por el Gobierno.
Esta vía cooperativa es considerada por el ministerio portavoz como un modelo preferente mientras prosigue el debate jurídico parlamentario sobre el uso de los terrenos demaniales comunales.